13/07/2006 | Declaración Pública

El Colegio objeta la reglamentación de los DNU aprobada por el Senado

En el año 2005, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires demandó judicialmente al Congreso de la Nación ante su falta de cumplimiento del mandato constitucional que, a partir de la reforma del año 1994, le ordena el dictado de una ley que regule el trámite y los alcances de la intervención del Congreso frente al dictado de decretos de necesidad y urgencia y la creación de una Comisión Bicameral Permanente que se debe expedir acerca de la validez o invalidez de los mismos, elevando su dictamen al plenario de cada Cámara para su tratamiento. Dicha situación, a doce años vista, en lo formal pareciera estar por revertirse, no tanto por convencimiento sino más bien por la exposición negativa que ha suscitado tan severa falla institucional.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera que la norma proyectada-ya aprobada por el Senado, y con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados-, al no sujetar la validez de los mismos a que el Congreso los ratifique o rechace expresamente dentro de un plazo determinado, tal como lo establecen la legislación constitucional extranjera que sirvió de fuente a la reforma de 1994 y la más calificada doctrina nacional y comparada, termina convalidando implícitamente una potestad legislativa sin límites del Poder Ejecutivo, circunstancia que coloca en grave crisis la vigencia de nuestro sistema republicano

La experiencia de la reforma legal introducida sobre el Consejo de la Magistratura avala esa aseveración. También el proyecto de ley denominado de superpoderes; o el de la modificación de ley de creación de la Unidad de Información Financiera T-shirt Printing.
Ahora se avanza sobre la independencia del Congreso de la Nación.

De prosperar todo este andamiaje, aún en ciernes, se habrá instalado en nuestra Nación un circuito orgánico-funcional que se realimentará mutua y progresivamente en detrimento de la República y sus instituciones, e ineludiblemente, junto con ellas, sobre las garantías y derechos de sus habitantes.