05/10/2015 | Declaración Pública
El COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES considera que el proyecto de ley recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, por el cual se dispone crear una “Comisión Bicameral de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”, para investigar el comportamiento de personas físicas y jurídicas del sector privado durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983, violenta expresas disposiciones constitucionales.
Si bien la potestad legislativa para crear comisiones investigadoras ha sido reconocida desde los orígenes de nuestra organización institucional, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, con la finalidad de dilucidar cuestiones relacionadas con el objeto específico de su mandato constitucional, éstas en ningún caso pueden usurpar funciones que han sido constitucionalmente otorgadas a otros poderes del Estado. En particular, aquellas asignadas al Poder Judicial, a quien corresponde, en forma exclusiva, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes de la Nación.
El proyecto subvierte el estado de derecho y el debido proceso legal al atribuir a la Comisión la potestad de investigar y señalar responsables, lo cual está prohibido expresamente por nuestra Constitución Nacional conforme la cual se declara la “inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona” y se establece que “nadie puede ser penado sin juicio previo”.
Estos principios se ven lesionados por el proyecto aprobado y no se encuentran protegidos por el sólo hecho de que la Comisión deba elevar sus conclusiones a la justicia, toda vez que éstas no quedan en la mera presunción que conlleve la denuncia, sino que aparecen como verdaderas condenas legislativas en franca violación a las garantías constitucionales ya citadas.
No se advierte en el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados ningún objetivo relacionado con facultades propias del Congreso, sino sólo un intento de ejercer funciones judiciales expresamente prohibidas al cuerpo legislativo. Nótese en particular que el proyecto pretende identificar culpables y lograr que éstos reconozcan su culpabilidad, materia expresamente reservada a los jueces.
Es por todo ello que peticionamos a los señores miembros del Honorable Senado de la Nación tengan a bien no convertir en ley el presente proyecto debido a su manifiesta inconstitucionalidad.
El Directorio
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