08/09/2015 | Declaración Pública
El COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, expresa ante la comunidad nacional la gravedad institucional que significa la resolución adoptada por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación en relación al Juez Federal de la Cámara de Bahía Blanca, actualmente presidente de la misma, Néstor Luis Montezani.
Dicho cuerpo, con el voto favorable de los Consejeros Julián Álvarez, Daniel Candis, Anabel Fernández Sagasti, Héctor Recalde, Ángel Rozas y Adriana Donato, la abstención de Luis María Cabral y el voto en contra de la apertura del proceso del juez Leónidas Moldes, resolvió aconsejar al plenario la apertura del proceso de remoción por su supuesto mal desempeño.
La cuestión debe ser advertida ponderando el caso a la luz de la situación integral que enfrenta la justicia federal de Bahía Blanca.
A partir de fines de junio del 2015, ésta transita un profundo embate institucional.
Primero, con la remoción del juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de esa ciudad, Santiago Ulpiano Martínez, subrogado en violación a la Ley de Subrogancias Nº 27.145 por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien el pasado 3 de agosto acomete judicialmente contra el juez de su cámara, Néstor Luis Montezani, imputándole la comisión de supuestos delitos lesa humanidad; mientras, concomitantemente, el 3 de septiembre el Consejo de la Magistratura de la Nación avanza súbitamente con la acusación referida.
En ese vertiginoso cometido, se afectan elementales garantías constitucionales del imputado impidiéndosele su derecho de defensa en juicio y el del debido proceso, al tiempo que, se le reiteran acusaciones fundadas en procesos precluidos, desconociendo, a su vez, sentencias favorables sobre cuestiones vinculadas a los cargos que se le formulan.
La justicia federal de Bahía Blanca ha sido desarticulada: removido el Juez de 1ª. Instancia y sustituido por uno ilegítimamente subrogado, ahora es el turno del tribunal de alzada que -por vacancia o licencia- cuenta con sólo dos jueces titulares, y, en tiempo récord, de prosperar la medida de remoción, pasará a tener cuatro vacantes que deberán completarse.
Así, de una manera inversamente proporcional a la celeridad con que avanzan determinadas investigaciones en causas sensibles al partido gobernante, se ha afectado la estabilidad de los magistrados y se ha propinado una grave afectación a la independencia del Poder Judicial que, en este caso, afecta a la jurisdicción judicial federal de Bahía Blanca.
En definitiva, sin distinción de ámbitos jurisdiccionales, se lesiona el magisterio de la Justicia y, así, se proyecta una grave y preocupante sombra sobre la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales de todos los justiciables.
El Directorio
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