23/02/2015 | Declaración Pública

Inadmisible embate a la independencia de la Justicia

Las recientes declaraciones del Secretario General de la Presidencia, aseverando que, por el avance que experimentan diversas causas judiciales que involucran a funcionarios públicos o personas de su entorno, los jueces y fiscales son “desestabilizadores”, resultan absolutamente infundadas.

Sin embargo esa calificación debe conjugarse con la amenaza que profirió el referido funcionario, al afirmar “…que no se les ocurra hacer ningún gesto que pretenda desestabilizar al Gobierno porque las situaciones van a poner muy malas…”

Ello, por sí solo, reviste una inusitada gravedad institucional que merece el más severo reproche, sobre todo en el actual contexto nacional y con el modo intimidante con que fueron efectuadas, a escasos días de la multitudinaria marcha con la cual la sociedad, aún conmovida y perpleja, recordó el primer mes de la muerte del fiscal Nisman, ocurrida precisamente el día previo al que el fallecido funcionario informaría al Congreso de la Nación el alcance y sustento de la denuncia penal que instara, entre otros, contra la presidente y el canciller de nuestro país.

Más graves aún fueron las posteriores expresiones de la presidente por las redes sociales definiendo al Poder Judicial, como \\"…un súper poder por encima de las instituciones surgidas del voto popular…\\" que intenta \\"…desestabilizar al Poder Ejecutivo…\\" y \\"…desconoce las decisiones del Legislativo…\\", expresiones luego apoyadas por ministros del Poder Ejecutivo, que tornan impostergable la necesidad de su repudio por impropias y falaces.

Ante tal situación, el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, considera oportuno expresar a la sociedad su severo y preocupante llamado de atención.
La recurrencia de la línea argumental oficial, permite advertir que no se trata sólo de un conjunto de desacertadas afirmaciones o de inadmisibles errores de concepto de las máximas autoridades del gobierno nacional.
Es mucho más que eso.

Lo preocupante es que, claramente, reflejan una estrategia que pretende instalar un falaz relato acerca de la existencia de un intento destituyente -que a todas luces no existe- para generar, así, supuestas condiciones fácticas que den pábulo al oficialismo para justificar formalmente la adopción de medidas extremas que auto propicien una vulneración institucional del Estado de Derecho y de la vida democrática de la Argentina.

El Judicial no es un partido sino un Poder del Estado. La división de los poderes, implica el control del ejercicio de las competencias asignadas sobre la base de la legalidad y transparencia de los actos de gobierno en su respectivo desempeño. En democracia la mayoría alcanzada en los comicios, no es igual al todo. A la prensa, le cabe la libertad de expresarse y a la población el derecho de estar informados y de peticionar ante las autoridades.

La hora del país hace imprescindible bregar por la vigencia de la división de los poderes y el fortalecimiento de las instituciones de la República, para evitar lamentar daños en el tránsito democrático de nuestra vida institucional.

El Directorio