16/06/2011 | Declaración Pública

ACERCA DEL RELATO OFICIAL Y EL AVASALLAMIENTO DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

En estos días diputados nacionales de diversas fuerzas políticas han coincidido en la necesidad de hacer público desde el ámbito parlamentario la difusión del aumento mensual del costo de vida que distintas empresas consultoras e institutos de investigación privados han dejado de publicar frente al cercenamiento a la libertad de expresión del que han sido objeto ante la aplicación de penas por parte del Secretario de Comercio Interior.

Lo paradójico es que, además de la carencia de estadísticas oficiales confiables, la situación refleja la intención de imponer un relato unilateral que, negando lo notorio, busca alinear las voces disidentes a través del disciplinamiento impuesto por su persecución.

Sin duda es auspicioso que un grupo de legisladores que representan a diversos sectores de la oposición haya tomado una iniciativa que, ante todo, exprese su vocación de poner un límite a los abusos de autoridad que, de un modo cada vez más sistemático y excesivo, lleva a cabo el Gobierno Nacional.

Sin embargo, ello es necesario pero insuficiente.

En definitiva, el éxito que se pueda alcanzar en el transito hacia la concordia y la racionalidad que supone la acción instada por los diputados, debe ser completado por la intervención de los jueces.
La gestión de un Poder Judicial independiente, comprometido con el resguardo y afianzamiento de las instituciones de la República y la efectiva vigencia de los derechos y garantías de los ciudadanos, resulta insoslayable para que la vigencia del Estado de Derecho sea una aspiración que, ante todo, tenga su efectivo correlato con la realidad de un mejoramiento de la declinante calidad institucional de nuestro país.


El Directorio