19/11/2010 | Declaración Pública

FRENTE A LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA PREVISIONAL

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires señala la gravedad institucional que muestra a las claras el reciente colapso de la Justicia Federal de la Seguridad Social.

Ciertamente los números impactan. Los tribunales previsionales, se vieron desbordados por las presentaciones que llegaron a sumar 500 demandas por día y reúnen, en total, más de 400 mil causas iniciadas por jubilados. Frente al inusitado crecimiento de requerimientos y ante la imposibilidad de dar cabida física a todos los reclamos instados, a solicitud de la Cámara de Apelaciones de ese fuero, por razones de seguridad edilicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debió declarar feria judicial hasta el 19 de noviembre próximo, sin atención al público, en 7 de los 10 juzgados de ese fuero.

Corresponde observar que este lamentable récord de litigiosidad previsional no encuentra su causa en razones de fuerza mayor o caso fortuito. Todo lo contrario, aunque paradójico, debe apuntarse que esta situación es el resultado de una inaceptable política llevada a cabo sistemáticamente por el Gobierno Nacional en materia de jubilaciones.

Resulta inverosímil reconocer al propio Estado en su falta de acatamiento a los fallos de la Corte Suprema dictados en materia jubilatoria. Además, se ha instalado un perverso sistema que obliga a los jubilados a litigar durante el tiempo que les reste de vida. Ello no es todo, la ANSeS dilata deliberadamente el pago de las sentencias judiciales firmes y en los procesos opone todo tipo de excepciones y artilugios para prolongar los juicios.

Este grave cuadro de situación ha sido consentido por la propia ANSeS ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA. Promediando el 2009, por denuncias presentadas en ese organismo, la ANSeS se comprometió a que todas las sentencias pendientes de ejecución serían cumplidas sin limitaciones y pagadas en regla. También asumió el compromiso de no apelar las sentencias de primera o segunda instancia que sean favorables a los beneficiarios, en temas en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido y a desistir, dentro de los 60 días, de los recursos judiciales que ya se hubieran sido presentados ante la Cámara de la Seguridad Social o Corte Suprema. Lamentablemente la sola constatación de la realidad del foro previsional permite confirmar que ese compromiso internacional tampoco está siendo honrado.

Garantías liminares de nuestra Constitución y el Estado de Derecho se ven conculcados, con el agravante que quienes resultan afectados en el caso conforman un sector vulnerable de la sociedad. Elementales derechos humanos de ciudadanos jubilados resultan de este modo ultrajados a diario.
Socialmente es impostergable tomar conciencia que este es el motivo de los múltiples reclamos judiciales señalados. Si no se da solución a la causa de este serio y vergonzante problema, las ferias judiciales se declararán sine die y la situación continuará agravándose. Asimismo, a esta situación se arriba por la deliberada afectación de los recursos del sistema jubilatorio con destino al gasto corriente del Estado que, así, se ve privado de la posibilidad de atender adecuadamente a sus prestaciones. Ello, además del impacto negativo con que se gravan las cuentas públicas, consagra una inaceptable situación que exige de las autoridades y, también, del arco político en su conjunto, la solución estructural de un problema que no admite dilaciones, ni excusas.



El Directorio