08/01/2010
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires señala que la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de remover a través de un decreto de necesidad y urgencia al presidente del Banco Central, sin observar la consulta al Congreso de la Nación que exige la legislación vigente, constituye una flagrante embestida al marco institucional que lo convierte en un preocupante hito que proyecta sobre el país una perspectiva de graves consecuencias para la sociedad nacional en su conjunto.
Por otra parte, al advertir el contexto político nacional en el que se desenvuelve el reprochable suceso comentado, cabe mencionar que ante la reciente utilización de otro decreto de necesidad y urgencia empleando reservas del Banco Central destinadas al pago de la deuda, liberando así otros recursos del Estado para sostener el creciente gasto público, por mencionar sólo este ejemplo entre otros tantos hechos notorios de similar sesgo que últimamente han acontecido, se hace indispensable prevenir los riesgos que proyecta sobre el país el peligroso agravamiento del deterioro en la calidad institucional a partir de esa concepción autocrática del ejercicio del poder, en cuyo transito se avizora el recrudecimiento de la inseguridad jurídica por la peligrosa contingencia que puede significar para nuestra sociedad el advenimiento del conflicto de poderes.
Dicha situación, en última instancia, un Banco Central que al ser sometido a las necesidades del Poder Ejecutivo dejando de lado su función primordial de preservar el valor de la moneda, ha provocado ya una grave afectación en la confianza pública respecto del modo en que desenvuelven las instituciones del país, hoy, en el caso de la autoridad monetaria de la Nación.
Sea cual fuere el resultado económico y financiero de la reprobable operación comentada, es indispensable dar observancia al ordenamiento jurídico. Cabe pues al Poder Legislativo y al Poder Judicial la responsabilidad de reconstruir el cauce institucional que posibilite la plena vigencia de la República y el Estado de Derecho.
Raúl Aguirre Saravia
Vicepresidente
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