30/11/2009 | Declaración Pública
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advierte con preocupación sobre la gravedad de un nuevo ataque a la libertad de expresión realizado por el gobierno nacional. Ello viene efectuándose en forma desembozada a través de un persistente hostigamiento a la empresa Papel Prensa S.A., que es la empresa fabricante de papel cuyos accionistas mayoritarios son las empresas que editan los periódicos Clarín y La Nación y que abastece de materia prima a más de 170 diarios en todo el país. Papel Prensa SA cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y también incluye entre sus accionistas al estado Nacional con una participación significativa.
Desde su constitución hasta hace algunos meses, nunca existió un cuestionamiento a su funcionamiento por parte de los distintos organismos de control que fiscalizan su actividad. Incluso cabe señalar que el Estado Nacional es el único socio que tiene privilegios estatutarios en cuanto a la posibilidad de designar directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. Por ello mal puede hoy el Secretario de Comercio afirmar que carece de información o que existían irregularidades en la actividad de Papel Prensa S.A.
Desde el oficialismo se ha recurrido a la recientemente sancionada ley de medios de comunicación para controlar los medios audiovisuales; ahora, y aunque la Constitución le impide regular la prensa escrita, no cesa en su intento de someterla. Enunciativamente baste recordar la irrupción de la AFIP en la sede del grupo Clarín; la sucesión de bloqueos a las plantas de distribución de La Nación y Clarín por parte del sindicato de camioneros; las amenazas denunciadas por directores y síndicos de la empresa, así como las recientes presiones sobre la Comisión Nacional de Valores y la Sindicatura General de la Nación que significaron el alejamiento de los titulares de ambos organismos como consecuencia de las discrepancias con los procedimientos utilizados por Guillermo Moreno para someter a dicha sociedad.
Sin ambages debe señalarse que toda la cuestión se sintetiza en la vocación del gobierno por apoderarse de la empresa con la manifiesta intención de controlar el papel como forma de someter a los diarios de todo el país y sojuzgar así la libertad de prensa.
Más allá de otros derechos particulares que puedan verse lesionados, corresponde alertar a la comunidad nacional sobre los peligros que esta situación acarrearía sobre la libertad de expresión y el pluralismo informativo. Sin prensa independiente, el estado de derecho y la democracia resultarán una mera ficción.
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