03/03/2009 | Declaración Pública

LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL UNA VEZ MAS AGRAVIADA

La reciente resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación ordenando la investigación de ocho jueces de la Cámara de Casación Penal acusados de haber demorado causas por la represión y de dejar en libertad a los militares, constituye un hecho de gravedad institucional que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestiona por considerarlo parcial e intencional. En tal sentido, corresponde referir la sesgada interpretación del pedido de celeridad de la Justicia que no se corresponde con la vocación del Ejecutivo de formular la misma crítica, por ejemplo, en las causas Skanska; Antonini Wilson o Miceli.
El argumento central del denunciante, el Secretario de Derechos Humanos, en el sentido de imputar a los jueces del máximo tribunal penal denunciados de “compartir la ideología represiva” resulta ser una manifestación repudiable que conspira gravemente contra la independencia del Poder Judicial. Lamentablemente, las manifestaciones del referido funcionario se encuentran en línea con los recurrentes agravios que tanto la Presidente de la Nación, como de su predecesor en el cargo, han formulado sin solución de continuidad contra los Jueces.
Debe advertirse que una vez más se hace uso del sensible tema de los derechos humanos para amenazar con su destitución a jueces que en el ejercicio de su magistratura, obviamente no responden a los criterios impuestos desde el Poder Ejecutivo.
Ya en el año 2006 el entonces presidente de la Asociación de Magistrados, ante la Asamblea Anual de la Unión Internacional de Magistrados que se celebró de la ciudad de Siófok, República de Hungría, denunció que en nuestro país se están reiterando simultáneamente amenazas a jueces y fiscales encargados de investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad, con el propósito manifiesto de torcer el sentido de sus decisiones. Corresponde destacar que el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados reunidos en la aquella oportunidad, condenó estos graves atentados contra la independencia judicial y la vida democrática argentina, manifestando no sólo su solidaridad con los magistrados federales argentinos, sino también recomendando a las autoridades pertinentes el resguardo necesario que asegure el pleno ejercicio de las funciones jurisdiccionales.
Los acontecimientos demuestran que el Poder Ejecutivo Nacional lejos de haber receptado aquella recomendación ha persistido en conductas que afectan la independencia del Poder Judicial.
Debe señalarse que ante el Consejo de la Magistratura de la Nación aproximadamente el veintitrés por ciento de los magistrados nacionales tienen investigaciones en curso por presuntos errores o hechos de corrupción que podrían terminar con sus carreras. En el orden de 210 jueces se encuentran cuestionados por ese cuerpo a partir de las investigaciones de las que son objeto ante el mismo, muchas de las cuales deberían resolverse sin demora para evitar mantener así en vilo a los magistrados involucrados en investigaciones que se prolongan abiertas.
La preocupación por revertir la lentitud de la Justicia es un bien al cual aspira nuestra sociedad, debe ser general y no utilizado como un arma ideológica o de venganza. Pretender el enjuiciamiento de Magistrados, para someterlos por esta vía a un indebido control político implica lisa y llanamente coartar la facultad de interpretación inherente a la función judicial y ataca de raíz la independencia de ese Poder.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, manifiesta que en el Estado de Derecho nada puede justificar la presión a la Justicia a través de someter a sus integrantes a reprimendas públicas y amenazas de remoción en caso de no actuar conforme a los designios oficiales.