22/12/2008 | Declaración Pública

LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL NUEVAMENTE ATACADA

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera inaceptables las manifestaciones del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien abiertamente ha amenazado con impulsar a través del Consejo de la Magistratura de la Nación la destitución de los miembros de la Sala II de la Cámara de Casación Penal que dictaron la resolución ordenando la libertad de veintiún procesados en la causa ESMA y ha reclamado juicio político a los referidos magistrados. Se agrega la insistencia de la propia presidenta de la Nación, quien al respecto expresó que dicho fallo se trata de una vergüenza para la Argentina, para la humanidad y nuestro sistema judicial. Sin duda ello implica, una inadmisible presión a los jueces para alinearlos con la opinión del Poder Ejecutivo, bajo la amenaza de destitución.

La decisión en cuestión seguramente podrá ser recurrible por ante la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ante la instancia es el órgano de jurisdicción competente según la Constitución para, de corresponder, revisar institucionalmente el fallo dictado.

Tales declaraciones no sólo constituyen una inaceptable interferencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, antes bien tienen el carácter de un gravísimo acto de intimidación con el cual nuevamente se pretende condicionar la actuación de los jueces según la voluntad del poder político.


Una vez más se utiliza el sensible tema de los derechos humanos para amenazar con su destitución a jueces que en el ejercicio de su magistratura, a partir de la ecuanimidad e independencia en la ponderación de las circunstancias del caso -que obviamente no responden a los criterios impuestos desde el Poder Ejecutivo-, ajustándose a derecho, ordenaron la liberación de los procesados por reiteradas demoras en la respectiva causa suspendiendo las prisiones preventivas que desde años pesaban sobre ellos.


A ese particular resulta pertinente hacer notar la diferencia de criterio y reacción que exhibe el Ejecutivo respecto de la Cámara de Casación Penal cuando recientemente, en otra causa, ateniéndose a la falta de medidas procesales conducentes al impulso de la respectiva investigación judicial, ésta convalidó la prescripción a favor de lideres sindicales y del actual Ministro de Trabajo en el juicio por el desvío de un crédito del Banco Mundial. También corresponde señalar lo propio con referencia a las causas Skanska; Antonini Wilson o Miceli, entre otras, en las que, a pesar de la cantidad de indicios que permiten llevar adelante una investigación seria que los esclarezca, exteriorizan demoras inconcebibles.


Ciertamente el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires comparte la preocupación por mejorar los mecanismos que promuevan el acceso a la Justicia y, a su vez, por alcanzar estándares de calidad de gestión institucional que permitan optimizar la celeridad y eficiencia de los procedimientos judiciales, de todos y no sólo de algunos. En tal sentido corresponde peticionar a los poderes de la Nación den cumplimiento al mandato que la Constitución Nacional desde la respectiva competencia asignada les impone proveer para lograr la plena eficacia del sistema judicial. Sin embargo corresponde enfatizar que en el Estado de Derecho nada justifica la presión a la Justicia a través de someter a sus integrantes a reprimendas públicas y amenazas de remoción en caso de no actuar conforme a los designios oficiales.