14/07/2008 | Declaración Pública
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera un deleznable ataque a la independencia judicial la resolución de la Comisión de Disciplina de Consejo de la Magistratura por la cual se abre una investigación contra el Juez Federal de Mar del Plata que hizo lugar a un amparo y declaró la invalidez de la resolución 125/08 del Ministerio de Economía que impuso las retenciones móviles sobre productos agrarios.
El tenor de la denuncia demuestra la ignorancia o mala intención respecto a nuestro sistema institucional donde los jueces tienen el control de constitucionalidad de los actos de los otros poderes y no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. La cuestión es mas grave porque la denuncia fue iniciada por una persona que ocupa un cargo relevante en el sindicato de empleados del Poder Judicial alineado políticamente con el oficialismo, lo que pone en evidencia con mayor claridad la intencionalidad política perseguida.
Por su parte la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura no puede prestarse a ser una herramienta de presión al Poder Judicial ni convertirse en una verdadera “caja de Pandora”, donde cualquier ciudadano desconforme con una decisión de la Justicia denuncie al magistrado provocando el inicio de una investigación sobre su conducta.
En este sentido nuestro Colegio considera desafortunadas las expresiones del presidente de esta Comisión, según transcendieron en los medios, donde calificó la apertura de la investigación como un procedimiento normal porque solo corresponde su rechazo in limine cuando se trate de un “caso grosero”. Es que claramente estamos ante un verdadero caso grosero, pues la Justicia es uno de los medios institucionales que pueden y deben encontrar una solución definitiva al conflicto con el sector agropecuario, originado en decisiones del Poder Ejecutivo consideradas inconstitucionales.
Corresponde, por lo tanto, al Consejo de la Magistratura evitar que sectores del oficialismo pretendan intimidar a los jueces mediante la amenaza de la destitución si obran según su conciencia y criterio al interpretar las disposiciones de nuestra Constitución.
Este acto de una de las comisiones del Consejo de la Magistratura es una muestra más de la subordinación a los poderes políticos que la última reforma a su composición implementó imponiendo criterios partidarios en la selección y destitución de los jueces.
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