19/06/2017 | 19 de junio de 2017
Recientemente 193 jueces federales constituyeron la \"Asociación de Jueces Federales\" (AJUFE).
En la respectiva acta fundacional, entre otros conceptos, expresan en forma textual que: “la naturaleza excepcional, interjurisdiccional, de gravedad y de relevancia constitucional que impulsa la actuación de ese fuero, amerita el tratamiento uniforme de los problemas que de ello derivan, y la conformación de espacios comunes de intercambio, así como de capacitación y de respaldo recíproco\".
Tal paradigma asociativo no puede mover sino a preocupación de la sociedad civil, en tanto la aludida “conformación de espacios comunes” dirigidos al “respaldo recíproco” traduce una indisimulable vocación de impronta corporativa que bien puede interpretarse como orientada a brindarse protección recíproca en el actual contexto en que el desempeño de algunos jueces federales, se encuentra bajo análisis del Consejo de la Magistratura, como consecuencia de distintas denuncias formuladas por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, quienes además vienen bregando en su reclamo de un Poder Judicial verdaderamente independiente, íntegro y eficaz, orientado especialmente al ámbito de la jurisdicción federal con competencia en materia de delitos de corrupción contra la Administración Publica.
Con pesar y hartazgo la comunidad advierte la mora, cuando no displicencia, con las cuales algunos jueces federales cumplen el mandato legal que se les ha conferido.
La reciente auditoría de la Justicia Criminal y Correccional Federal, solicitada por este Colegio con el acompañamiento de más de 30 entidades de la sociedad civil ante el Consejo de la Magistratura, aun en curso de procesamiento, pone en evidencia este déficit de gestión y resultados. Se suma a ello, y por citar sólo algunos casos, las actuaciones emblemáticas de jueces como Eduardo Freiler o el renunciado Norberto Oyarbide, cuyas conductas se evidencian como la antítesis de la ejemplaridad y el decoro.
El COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES considera que los magistrados del Poder Judicial deben cumplir con el rol que les asigna la sociedad y la Constitución Nacional para garantizar los derechos y libertades de las personas, por lo que su actuación no debe desvirtuar ni confundir la misión institucional que les compete con aquella que pretenden abrogarse las personas que ejercen tal magistratura.
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