27/10/2009 | Declaración Pública

El País Crispado

El Senador Nacional Gerardo Morales y el Auditor General de la Nación Leandro Despouy, fueron recientemente agredidos en la provincia de Jujuy por un grupo de militantes de la organización Tupac Amaru, profiriéndoles también amenazas de muerte. Por repudiable, este suceso no deja de ser ilustrativo del estado de situación en que se encuentra la sociedad argentina; a tal punto, que lo convierte en un signo de nuestro tiempo.

Esta agresión, desafortunadamente no es la única. Entre otros, baste citar la violenta toma de la intendencia de General Pueyrredón o la del Colegio Nacional Buenos Aires, o los permanentes cortes de calles y rutas, por mencionar sólo algunos ejemplos. La casuística resulta ciertamente tan amplia como preocupante, y está alineada con una concepción del poder y el modo de su ejercicio.

Quienes en los últimos dos mandatos han ejercido la presidencia de nuestra Nación, han abundado en enfrentamientos con numerosos sectores o ámbitos de la vida nacional y su estilo de negociación ha estado muy lejos de avanzar por una senda de construcción de consensos. Lamentablemente esta actitud se ha prodigado de tal forma que en el presente de nuestro país, la crispación se ha instalado de arriba hacia abajo, y cotidianamente tiñe la vida de nuestra sociedad poniéndola en ascuas ante la peligrosa espiral de violencia a la que asistimos.

Planteando falsos dilemas, se ha menoscabado el ideal de progreso. Tal es así que lejos de renovarse el repertorio de la problemática nacional, se ha insistido en la repetición de prácticas que, sin dar solución al fondo de los graves problemas nacionales, los ha acentuado, reiterando la expresión de un pensamiento envejecido y estancado con pretensión, a su vez, de acallar las voces divergentes que puedan expresar sus ideas, en la pluralidad y respeto, que, en el Estado de Derecho, es propio de un genuino estilo de vida democrático y republicano.

La situación que vivimos es la consecuencia de frases hechas que, ante la escalada de violencia, se pronunciaron desde distintos sectores políticos y del Gobierno como aquella que “no debía criminalizarse la protesta social” cuando lo que la ciudadanía exigía es que los órganos del Estado aseguren el cumplimiento de la ley y la garantía de sus derechos. Es hora que se distinga claramente el respetable ejercicio del derecho de opinión de la perpetración de delitos contra personas o patrimonios realizados al margen del Derecho. Hoy la ciudadanía está crispada porque se encuentra inerme ante el abuso de poder y la privatización ilegítima del uso de la fuerza por grupos particulares.

Los argentinos tenemos plena conciencia y experiencia de que la violencia, cuando es promovida por el Gobierno, sea por el Estado Nacional, Provincial o Municipal, es mucho más peligrosa porque deja indefensa a la sociedad ya que es el propio Gobierno quien tiene la obligación de proteger a los ciudadanos.

Nuestra Nación necesita un cambio de conductas, de procedimientos y de mentalidad respecto de su cultura política. Es impostergable rescatar la sustancia cívica que mantiene a las instituciones.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, exhorta pues a las autoridades, así como también a las fuerzas políticas y las organizaciones sociales a observar y estimular el cumplimiento de la ley y el respeto por las instituciones, como único medio que permita, en paz y con Justicia, alcanzar el anhelado clima de concordia que es ya indispensable reinstaurar en nuestro país.