17/11/2020 | 17de noviembre de 2020

SIN AMPLIO CONSENSO, LAS NECESARIAS REFORMAS EN LA JUSTICIA NO TENDRAN LEGITIMIDAD NI FUTURO

Al dar su mensaje en el Congreso para inaugurar las sesiones en marzo de este año, el Presidente de la Nación manifestó que asumía el compromiso de ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes de cualquier naturaleza. Para nuestro Colegio, cuyo estatuto fundacional establece como su principal objetivo el de ppropender al mejoramiento del Poder Judicial y velar por su independencia como poder del Estado resultó entonces un compromiso auspicioso.

Sin embargo, a pocos meses de formulado el mismo, la situación de la justicia se ha tornado grave e incierta a partir de un proyecto de reforma de la justicia penal federal que ha cosechado críticas mayoritarias, del frustrado intento de declarar ilegítimos los traslados de tres jueces, y de un cúmulo de acciones dirigidas a remover al actual Procurador General de la Nación, todo ello sumado a la creación de un Consejo Consultivo para analizar eventuales reformas al funcionamiento e integración de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura de la Nación y de la Procuración General de la Nación, cuya composición también ha generado dudas acerca de la imparcialidad y versación de algunos de sus integrantes, teniendo en consideración los alcances de la tarea encomendada.

A las circunstancias precedentes se suma ahora una reciente iniciativa legislativa -que siquiera ha esperado las conclusiones del referido Consejo Consultivo- de modificar la ley del ministerio público, que en los hechos tiende a desvirtuar el modo de elección y remoción del Procurador General al eliminar la exigencia de los dos tercios en el Senado para su designación o para promover su juicio político, que limita el término de su mandato mediante una “reelección” del mismo, y que propone una integración del Tribunal de Enjuiciamiento de naturaleza mayoritariamente política, con gran poder de discrecionalidad en la posibilidad de habilitar procesos disciplinarios, todo lo cual conduce a debilitar la independencia del titular de la Procuración General y la de todos los fiscales que se desempeñan en el ministerio público.

Todas las iniciativas promovidas por distintos sectores del oficialismo antes mencionadas tienen una misma particularidad, ninguna de ellas ha sido fruto de un consenso. En este sentido, consideramos que si se quieren hacer verdaderas reformas en la justicia, perdurables en el tiempo, que tiendan a dar un mejor servicio de justicia y a garantizar la independencia de los jueces, las mismas deben ser el resultado de un consenso entre las distintas fuerzas políticas y los jueces y abogados como actores del sistema. De no ser así, las eventuales reformas solo serán de un gobierno que circunstancialmente logre imponerlas, para que luego venga otro y quiera imponer las suyas.
En el caso de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, tuvo que intervenir la Corte Suprema por la vía excepcional del per saltum, para poner un límite a una de las cuestionadas iniciativas oficialistas antes mencionadas, al declarar que los traslados llevados a cabo en la gestión de gobierno anterior fueron legítimos, si bien los alcances de fallo de la mayoría del Tribunal resultan criticables en cuanto a la transitoriedad que le asignó a los traslados dispuestos. Si se insiste en querer implementar acciones y reformas en función de intereses subalternos, todo se terminará politizando y judicializando.

La única forma de generar los consensos imprescindibles para llevar a cabo las reformas que necesita la justicia es cesando con los embates contra los jueces y fiscales que no les resultan simpáticos al poder de turno, sin perjuicio del funcionamiento de los mecanismos establecidos para juzgar sus conductas, con estricto apego a las normas legales vigentes.

Se requiere en consecuencia de un acuerdo franco entre oficialismo y oposición en el Congreso, para diseñar un marco normativo que, con mirada de largo plazo, busque establecer mecanismos de designación y remoción de jueces verdaderamente independientes.

En otras palabras, es hora que desde la política se advierta que la pretensión de contar con jueces fidelizados, equivale a que aquellos terminarán cediendo a las presiones de unos u otros, o bien acomodarán arbitrariamente sus decisiones a oficialismos u oposiciones según se produzcan o avizoren cambios circunstanciales en el poder. Nada más lejos esto último de lo que debe ser un juez independiente.

La Corte Suprema tiene hoy en sus manos la posibilidad de generar las condiciones para que el Congreso de la Nación debata seriamente una reforma de la ley del Consejo de la Magistratura que permita hacer realidad lo anterior.

Ello así, por cuanto el Alto Tribunal tiene a actualmente a consideración un recurso contra la sentencia de una Sala de la Cámara Contencioso Administrativa por la cual, a instancias de nuestro Colegio, se declaró la inconstitucionalidad de la antes citada reforma de la ley del Consejo que alteró el equilibrio de los estamentos que lo componen, en detrimento de jueces y abogados.
Lograr un equilibrio entre los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura, que permita superar el actual predominio del sector político por sobre los jueces y abogados en ese cuerpo, permitirá iniciar el largo camino hacia una verdadera reforma judicial, que a la vez siente las condiciones para lograr la tan deseada como necesaria independencia del Poder Judicial.

Pero ello solo será posible, reiteramos, en el marco del consenso y no de la imposición.

El Directorio