31/03/2009 | Declaración Pública

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires frente a la inseguridad

Ante la lamentable sucesión de hechos delictivos que padece la población a causa de los asaltos a domicilios particulares y comercios y la falta de libertad para circular, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta su preocupación y peticiona a las autoridades competentes de los tres Poderes del Estado para que, en forma mancomunada con las organizaciones no gubernamentales, arbitren los medios necesarios a fin de instrumentar políticas de Estado destinados a restablecer un clima de paz, trabajo y desarrollo.


La seguridad física de las personas es la expresión práctica de uno de los componentes básicos del principio de la seguridad jurídica que es indispensable para el desarrollo integral y sustentable de una sociedad. En él juegan un rol principal la eficacia, coherencia, estabilidad y previsibilidad del sistema legal que, en definitiva, depende de la actitud de los políticos y los funcionarios públicos.



Por ello es de lamentar el enfrentamiento entre las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial acusándose mutuamente sobre el estado de situación en que se vive. Como así también deben rechazarse las manifestaciones del ministro a cargo de la cartera de seguridad y justicia cuando minimiza la inseguridad creciente y los hechos relacionados a temas de narcotráfico. En este sentido debe destacarse la denuncia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el crecimiento sin precedentes de las causas relacionadas a las drogas.



Una política de Estado relacionada a la seguridad no debe eludir el sincero objetivo de revertir la pobreza, la inclusión de los marginados; la adecuada ponderación de la cuestión educativa; la atención de la salud; el rol de la familia y la proyección laboral de los individuos y, definitivamente, debe terminar con las acciones clientelares que hacen de la pobreza un negocio político atacando en forma directa la integridad y dignidad de la persona.



Pero carece de sentido el falso debate sobre la prioridad en solucionar problemas complejos como el de la marginalidad y la pobreza respecto de la necesaria adopción de medidas tendientes a una eficiente prevención y castigo legal de los delincuentes.



Es por ello que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera que en manera alguna son incompatibles las políticas públicas destinadas a erradicar la marginalidad con la firmeza y eficacia en la prevención y represión del delito, traducida en medidas destinadas a mejorar las fuerzas de seguridad, dictar leyes penales que, respetando las garantías constitucionales, impidan la liberación anticipada de delincuentes peligrosos y otorguen los medios adecuados a la Justicia para cumplir su tarea con eficiencia y celeridad.



Es impostergable que desde el ámbito público se asuma a conciencia la seguridad como un compromiso que se traduzca en la responsable aplicación de políticas de Estado que, de manera integral, alcancen la contención y reducción del delito en el marco de la ley.