20/11/2008 | Solicitada

GRAVEDAD INSTITUCIONAL E INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ESTATIZACIÓN DE LOS AHORROS PREVISIONALES

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advierte acerca de la gravedad institucional que implicaría la aprobación del proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo para estatizar los ahorros previsionales actualmente administrados por las AFJPs:

• Consagrará un gravísimo atentado contra la propiedad privada amparada por la Constitución Nacional
• Incautará los aportes realizados por afiliados al amparo del régimen de capitalización individual desde hace 14 años
• Significará una lisa y llana confiscación de bienes
• Suprimirá la libertad de opción jubilatoria de la cual todos los futuros jubilados gozan de acuerdo a la Ley 26.222, que el propio gobierno impulsó y en base a la cual aproximadamente el 80% de los afiliados prefirió permanecer en el sistema privado
• Pondrá a los futuros jubilados a merced de los acreedores de la deuda externa argentina quienes ya han obtenido órdenes judiciales sobre dichos fondos
• Su solo anuncio ha ocasionado un grave daño al sector privado y al mercado de capitales local al privarlo de financiamiento genuino de mediano y largo plazo,y ha generado nuevas dudas sobre la seguridad jurídica en el país que afectará a las inversiones necesarias para el desarrollo económico y el pleno empleo.
• El apresuramiento con el cual se ha procurado la sanción de la ley demuestra que el interés del gobierno no es mejorar el sistema previsional, sino apropiarse de los fondos acumulados en las AFJPs.

Estas razones nos obligan a advertir que, de aprobarse el proyecto de ley, habrá una catarata de reclamos judiciales enderezados a impedir la violación de la propiedad privada y de la libertad de elección de los futuros jubilados, con el consiguiente dispendio de recursos para el Poder Judicial.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en la obligación de alertar a los señores legisladores acerca de la gravedad de lo que está en juego, nada menos que el estado de derecho y la observancia de la Constitución Nacional, instándolos a no aprobar el proyecto de ley en cuestión, evitando así un grave daño a las instituciones republicanas, a la seguridad jurídica y al patrimonio de los ciudadanos.