16/10/2008 | Declaración Pública

Declaración Pública-LA INTANGIBILIDAD DE LOS RECURSOS PREVISIONALES

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta su preocupación acerca de la recurrente utilización por parte del Poder Ejecutivo Nacional de los recursos del sistema previsional para satisfacer necesidades de financiamiento del Estado.

En la historia argentina contemporánea, sucesivos gobiernos recurrieron a los excedentes previsionales con igual finalidad y con resultados ya conocidos. La falta de devolución de esos recursos, sumado a otras inconsistencias, llevó a incumplir con los beneficios emergentes de los sucesivos regímenes, dando lugar a una creciente litigiosidad en reclamo de ajustes de haberes, y por consiguiente, a mayores erogaciones para atender al pago de juicios.

El Decreto 897/07 creó el denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que posibilita destinar los recursos de la ANSES con el objeto de financiar al Estado y a sus empresas; es el caso de AYSA, prestadora del servicio de aguas, que recibió cuantiosos recursos a devolver en diez años, con garantía en su cobranza.

Esta cuestionable práctica se llevó a cabo aún de manera mas sofisticada, tras la creación del sistema de capitalización y con ello, de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones por medio de la Ley 24.241; basta recordar que en 2001 éstas se vieron forzadas por el Gobierno de entonces a aceptar bonos del tesoro nacional, para lo cual, sobre la marcha, se impulsó una rápida reforma al régimen de inversiones con que contaban desde 1994.

Con idéntica finalidad, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires decidió captar, mediante un bono, el superávit del Instituto de Previsión Social y de las cajas de retiro y jubilaciones del personal de la administración pública, policía y banco provincial.

Otro golpe a los recursos de la ANSES, a la fórmula de movilidad jubilatoria y a los mas elementales principios constitucionales en materia previsional, lo constituye el proyecto de reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo, que propicia el Poder Ejecutivo, conocido en éstos días, que contempla utilizarlos para pagar indemnizaciones por accidente de trabajo “in itínere”, y por montos menores a los previstos en la legislación actualmente vigente.

La incipiente estrechez fiscal que se vislumbra sumado a la imposibilidad de acceder al crédito internacional, fuerza al Poder Ejecutivo, a buscar alternativas como el uso de los recursos previsionales, según ya se hizo ante otras dificultades, con lo que se tiende a provocar a la insolvencia de la ANSES, privándola de la posibilidad de atender adecuadamente a sus prestaciones.

Es precisamente ése el daño que hay que evitar, en vista de anteriores experiencias vividas, dando lugar a miles de reclamos judiciales que - como en el pasado - absorberán cuantiosos recursos públicos en concepto de reajustes de haberes mal liquidados, intereses y gastos causídicos, quizá por sumas mucho mayores a las arbitrariamente extraídas del sistema de seguridad social.