22/09/2008 | Declaración Pública

Emergencia en el Poder Judicial

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires denuncia la gravedad que estamos viviendo respecto del funcionamiento del Poder Judicial de la Nación en lo que respecta a directos atentados a la independencia de sus integrantes.

No se trata de una apreciación particular o cuestionable de un sector de la ciudadanía sino de una situación reconocida por autoridades judiciales como son el presidente de la Asociación de Magistrados y Funciponarios del Poder Judicial y el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la última conferencia nacional de jueces realizada en Córdoba.

Las expresiones de denuncia referidas a la falta de independencia surgen de hechos claros y graves que la ciudadanía percibe todos los días y que no tienen una respuesta concreta y ágil del sistema judicial como son el tema de la introducción de u$s 800.000 en el país por medio de un pasajero trasladado al país por un avión fletado por una empresa del Estado donde viajaban funcionarios del gobierno, o las irregularidades en el denominado “caso Skanska”. Casos que, a pesar de la cantidad de indicios que permiten llevar adelante una investigación seria que los esclarezca, exteriorizan demoras inconcebibles que contribuyen al descrédito de nuestra Justicia por la ciudadanía.

La falta de independencia de la Justicia tiene su origen y causa más directa en la cuestionable actuación del Consejo de la Magistratura de la Nación con la composición que surge de la controvertida reforma instrumentada en la ley 26.080.

Este organismo, que fue creado para asegurar criterios técnicos objetivos en la selección y remoción de magistrados, muestra una notable parcialidad en la selección donde introduce criterios reprochables fundados en posturas ideológicas para descalificar candidatos o maniobras como la ocurrida recientemente en el concurso Nº 140 para cubrir las vacantes en los juzgados Criminal y Correccional Federal Nº 7, 8 y 9. En éste, alevosamente y aprovechando la ausencia de los representantes de los Jueces, los Consejeros representantes de los órganos políticos, apoyados por los representantes de los abogados, dejaron sin efecto el orden de prelación que surgió de un concurso cuyas calificaciones fueron ratificados por una comisión consultiva y de esta manera indirectamente descalificaron para el cargo a quienes habían obtenido las mejores notas. Ello, con el agravante que al llamar nuevamente a concurso permiten la presentación de candidatos que habían sido calificados con notas particularmente bajas por lo que demostraron no tener el nivel indispensable para ejercer el cargo.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera que es indispensable reformar la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de darle a dicho organismo el carácter de un órgano técnico, donde no tenga primacía la influencia política en las designaciones ya que este componente lo cumplen el Poder Ejecutivo y el Senado en el proceso establecido en la Constitución Nacional.

Las denuncias del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Presidente de la Asociación de Magistrados no pueden caer en el vacío, por lo que es necesario que el Congreso responda en forma inmediata instrumentando la reforma que se propone.