28/03/2008 | Declaración Pública

El CACBA ante el conflicto entre el campo y el Gobierno Nacional

La tensa situación que en la actualidad atraviesa la sociedad nacional, es motivo de especial preocupación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.


Su causa originaria se encuentra en el rechazo del sector agropecuario a las recientes medidas del Gobierno Nacional, que elevaron los derechos de retención a la exportación en forma inusual, estableciendo un mecanismo de retenciones móviles que disminuye la rentabilidad del sector en la medida que aumenten los precios de exportación de sus productos. Las expresiones de espontánea protesta popular ocurridas recientemente en todo el país, apoyadas por sectores ajenos al directamente afectado, no deben pasar inadvertidas y hacen necesario evaluar lo acontecido con una visión integral y superadora de los hechos, porque demuestran la legítima protesta contra una política fiscal centralista que desvirtúa el federalismo y tiende a fortalecer la tendencia hegemónica del Poder Central.


Resulta relevante advertir que las nuevas medidas oficiales claramente lesionan el principio de legalidad en materia tributaria contenido en nuestra Constitución Nacional, que atribuye al Congreso la facultad exclusiva de crear impuestos. Ciertamente existe una tradición, cuestionable desde el ángulo de su constitucionalidad, consistente en la delegación de algunas facultades tributarias al Poder Ejecutivo pero no cabe duda que la misma debe ejercerse dentro de los límites de la razonabilidad y respetando los parámetros establecidos por nuestra Corte Suprema de Justicia para evitar que los tributos puedan considerarse confiscatorios. Las retenciones a la exportación superan con creces tales límites.

Esta circunstancia, desde el punto de vista de la controversia legal planteada, debería encontrar una pronta solución emanada de los Poderes Judicial y Legislativo. El primero, en tanto ejerce la facultad de control de los actos de los otros órganos de gobierno; el segundo, porque tiene en sus manos realizar las reformas legislativas necesarias para ejercer su facultad indelegable de crear impuestos.


Para ello este Colegio de Abogados insta a los damnificados de las medidas arbitrarias dictadas a que planteen ante la Justicia su queja, a fin de canalizarlas por la vía institucional adecuada. También pedimos a los legisladores que asuman sus facultades con responsabilidad, y dejando de lado cuestionables lealtades partidarias.



Consideramos que la utilización de vías de acción directa que perjudican a la población en general no son las adecuadas para la solución del conflicto. Si bien el actual Gobierno, en diferentes ocasiones, ha alentado este tipo de expresiones, ya sea directamente o mediante la omisión de tomar las medidas correspondientes, ello no justifica utilizar medios que afectan los derechos de circulación de los ciudadanos. Mayor reproche merece aún la actitud alentada o tolerada por el Gobierno de acudir a fuerzas de choque adictas para solucionar cortes de rutas o intentar silenciar legítimas expresiones de la gente como aconteció en la Plaza de Mayo, ante la pasividad de las fuerzas del orden.



Asimismo, atento la cuestión política que subyace en el particular, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se adhiere a quienes, desde distintos sectores, llaman al diálogo a través de los canales institucionales correspondientes, de modo de permitir arribar a los consensos necesarios para encauzar la instancia con miras a su superación.