29/11/2007 | Declaración Pública

El Colegio ante la Prórroga de la Ley de Emergencia

Noticias periodísticas de último momento anuncian que se está tratando en el Congreso la prórroga de la Ley de Emergencia Pública que otorga poderes extraordinarios al Presidente. Dicha ley fue votada como un remedio extremo a fin de afrontar la grave crisis vivida por nuestro país al finalizar el año 2001.

Sin duda, al gobierno le corresponde la tarea de administrar los recursos fiscales con seriedad y en el ámbito de la ley y la Constitución. No existe razón alguna para apartarse del sistema institucional y de la distribución de funciones establecidas en nuestra Ley Fundamental que sólo pueden ser alteradas o limitadas temporalmente frente a circunstancias graves que hoy ya no existen.

Pretender fundar la prórroga a la Ley de Emergencia en la existencia de reclamos contra nuestro país en Tribunales extranjeros o internacionales por parte de damnificados por las medidas tomadas durante la crisis, es un argumento débil y sin ningún fundamento. Tanto los árbitros extranjeros como cualquier Juez con un mínimo de sentido común justificará, eventualmente, medidas de emergencia únicamente para ser tomadas en la época extraordinaria en que fueron dictadas pero ciertamente, no serán avaladas con el solo propósito de mantener situaciones de violación a las leyes y a la Constitución cuando el país, gracias a un excelente panorama internacional, crece año a año y mantiene un superávit fiscal que le permitiría honrar sus obligaciones internacionales y, de esta manera, recuperar la confianza en el mundo Height Increasing Shoes.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires insta a los legisladores a que asuman la responsabilidad de defender las instituciones de la República y no den el apoyo a la prórroga de una nueva ley concebida para aplicarse en una crisis que felizmente ya ha sido superada. Nuestra entidad considera que mantener esta legislación producirá justamente el efecto contrario al esperado, porque agravará la desconfianza pública hacia nuestro país y restringirá la inversión productiva que tiene como base instituciones predecibles y seguras.