02/10/2023 | 2 de octubre de 2023
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ve con gran preocupación lo ocurrido el día de ayer en el Congreso Nacional, donde una mayoría del Senado, merced al desempate de su presidenta provisional, otorgó acuerdo para la continuidad, en el cargo de jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, a la Dra. Ana María Figueroa.
La acción de los senadores aludidos no solo es un acto manifiestamente inconstitucional, sino que constituye un abierto desafío a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a todo el Poder Judicial.
La Constitución señala que “Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquier [ ] magistrado, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años”. Coincidentemente con lo señalado por este Colegio, hace pocos días, la Corte Suprema, en acuerdo unánime, interpretó la cláusula constitucional sosteniendo que el nombramiento para mantener en el cargo al juez debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida. Ello es así por una razón muy simple: no se puede “mantener” en el cargo a alguien que ya cesó en él.
Por ello, al no haberse efectuado el nombramiento con anterioridad, como resolvió la Corte Suprema el pasado 6 de septiembre, “la Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”.
Por estas razones, el acuerdo brindado ayer por el Senado, por mayoría estricta, y el eventual nombramiento que pudiera efectuar el Presidente de la Nación, carecen por completo de valor al contradecir el texto constitucional.
Lo jurídico resulta en este caso una cuestión -casi- menor. La decisión de la mayoría oficialista del Senado importa el desconocimiento flagrante de la autoridad de la Corte Suprema de Justicia como poder estatal, que pone en crisis la democracia constitucional que nos dimos como forma de organización institucional hace 170 años y que recuperamos hace solo 40.
Hechos como el de ayer en el Senado son los que ponen a prueba la real vigencia del estado constitucional de derecho. El Poder Judicial, se ha dicho, es el más débil de los poderes, ya que solo tiene la persuasión como arma frente a los poderes ejecutivo y legislativo, quienes tienen “la bolsa y la espada”. Solo su respeto consciente nos permite vivir en una república. Una mayoría del Senado hoy, con su decisión, resolvió, voluntariamente, ponerse por encima de la Constitución.
En consecuencia, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires denuncia la inconstitucional acción de los senadores aludidos, al tiempo que llama al Presidente de la Nación a reflexionar sobre estos hechos. De él depende hoy que no se consuma la violación constitucional denunciada. Contrariamente, si nombrara a la Dra. Figueroa, incurriría en un claro alzamiento contra el estado de derecho y un agravio a las instituciones republicanas.
El Directorio
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