17/07/2023 | 17 de julio de 2023

LAS AUTORIDADES NACIONALES QUE RESULTEN ELECTAS DEBEN APEGARSE Y RESPETAR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL COMO PRINCIPAL COMETIDO DE SU GOBIERNO

La sociedad está a las puertas de un nuevo proceso eleccionario. Primero se realizarán las PASO y luego, definidos allí los candidatos de los partidos, pasaremos a la votación que permitirá la renovación de las autoridades nacionales (presidente, vicepresidente, senadores y diputados). Además, en nuestra ciudad, ese proceso incluirá la elección de las nuevas autoridades porteñas (jefe de gobierno, vice y los legisladores).

Generalmente, la proximidad de un nuevo proceso electoral abre todo tipo de expectativas. Los partidos políticos comienzan sus campañas, deciden las listas de candidatos, se entrevistan con funcionarios, magistrados, futuros postulantes a ocupar puestos públicos, recorren el territorio y sus equipos de especialistas comienzan a trabajar febrilmente imaginando cuáles serán sus primeras medidas de gobierno, en caso de ganar las elecciones.

Por supuesto, también comienzan a circular, inevitablemente, informaciones o simples rumores acerca de cuáles serán las características de esas primeras medidas.
Seguramente no faltaran propuestas poco imaginativas que vuelvan sobre prácticas que fracasaron o que la Corte Suprema desautorizó. Pues, a no dudarlo, la realidad actual demuestra que. luego de más de ochenta años de desatinos económicos e institucionales, nos cuesta mucho poder pensar por fuera de las experiencias fallidas recibidas.

Por ejemplo, la idea de eludir al Congreso nacional vía decretos de necesidad y urgencia es una que ha sido empleada de manera creciente por gobiernos de diferente signo. Esa herramienta constitucional no puede ser utilizada frívolamente, según la conveniencia del gobernante de turno. Esos decretos excepcionales, concebidos para situaciones casi únicas, en cuanto a su oportunidad, sólo son procedentes si resulta “imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de las leyes”, como expresa el art. 99 inc. 3 de la Constitución; no pueden usarse a tontas y a locas. Además, su empleo ha sido severamente condicionado por la jurisprudencia de la Corte Suprema y hoy no es difícil imaginar que iniciar un gobierno echando mano a una lluvia de decretos de necesidad y urgencia -como ocurrió en períodos anteriores- será condenado de manera unánime, con excepción de aquellos casos que sean subsumibles en la jurisprudencia actual. Su uso vicioso ha sido alimentado no sólo por la facilidad con que se puede acudir a ellos, sino también por problemas de diseño de la ley que los reglamenta: bastaría con reformarla y establecer que esos decretos perderán vigencia si no son convalidados en un plazo muy breve por el Congreso Nacional.

Otra anomalía institucional, ya condenada por muchos ordenamientos jurídicos desde hace siglos, son las leyes ómnibus. Estas aberraciones legislativas han sido empleadas reiteradamente por el Congreso en las últimas décadas invocando abusivamente situaciones de emergencia.

Esa emergencia sólo sirve para excusar esos amontonamientos de normas que no guardan conexión necesaria entre sí, dificultan el debate, toman por sorpresa a la ciudadanía y que, en muchos casos, han llegado a afectar un sinnúmero de garantías constitucionales. Si se quieren evitar los litigios que ellas suelen provocar, y si se persigue transparencia, seguridad jurídica y buen funcionamiento del Congreso, éstas deben ser erradicadas.

Tampoco sería una buena idea volver sobre el aumento del número de jueces de la Corte Suprema. No hay margen para insistir en este asunto. Es evidente que en la actualidad no están dadas las condiciones para volver a menear una cuestión tan delicada. Sí es imperioso regularizar la situación del Procurador General.

Es de esperar que un nuevo gobierno no volverá sobre la pobre idea de crear nuevos tribunales con nuevas competencias o con competencias tomadas de las de otros tribunales. Esto también se intentó anteriormente y la mayoría de los expertos que opinaron coincidieron en que eso, así planteado, era innecesario e inconveniente. En realidad, y al margen de su necesidad, toda medida de este tipo, adoptada a las apuradas, siempre estará sospechada de querer manipular al poder judicial y colocar a jueces que simpaticen con el gobierno de turno.

Por último, urge independizar al Banco Central de la República Argentina y vigilar que en el proceso de selección de sus autoridades se elijan a aquellos o aquellas con cualidades técnicas y humanas acordes a la función, y que les permita, además, desempeñarse autónomamente. Parejas cualidades se esperan de los futuros jueces, para lo cual el Consejo de la Magistratura, el Poder ejecutivo y el Senado deben apartarse de la tendencia a manipular las ternas y preferir a los candidatos según su simpatía política.

Las infracciones a la ley o a la Constitución deben ser desechadas del catálogo de opciones. La Argentina ha sufrido incontables frustraciones por apartarse de aquéllas. Repetir errores del pasado no hará sino acelerar el descrédito del nuevo gobierno. Pero si se quisiera hacer algo realmente distinto debe volverse a la Constitución y gobernar con apego a ella. Nadie está por encima de la Constitución Nacional y de las leyes que se dicten en su consecuencia. Se debe respetar y hacer que se respeten los derechos y las garantías individuales y los derechos convencionales. Debe honrarse la independencia del Poder Judicial y velarse por el buen desempeño de sus integrantes. Deben respetarse las competencias de las tres ramas del gobierno y se debe crear espacio para que la actividad privada pueda desenvolverse con libertad, creatividad y responsabilidad.

Todo ello generará confianza en las instituciones y seguridad jurídica, valores clave para encabezar un gobierno creíble que realmente ponga una bisagra a la historia y alumbre un camino de progreso.

El Directorio