13/10/2006 | Declaración Pública

La toma del Hospital Francés: Un oscuro episodio que afecta la seguridad jurídica

Los incidentes ocurridos en la reciente toma del Hospital Francés, con su lamentable saldo en heridos y detenidos, nos enfrentan una vez más al bochornoso espectáculo de quienes no vacilan en cometer delitos para servir fines oscuros donde se mezclan sectores sindicales y políticos.

La severa crisis financiera que soporta el Hospital Francés afecta gravemente a quienes forman parte de su sistema asistencial, que pierden las prestaciones a que tienen derecho y quedan a merced de otros intereses que no vacilan en imponerse por la violencia.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires exhorta a las autoridades para que aclaren prontamente los hechos, identifiquen los implicados y hagan conocer las motivaciones de esta deplorable forma de actuar.

Es imperiosa la reacción firme, clara y decidida que muestre a la comunidad que la violencia no es el modo permitido de zanjar diferencias entre grupos, así como que no se cobija ni tolera el grupo organizado que usa la acción directa para doblegar o rendir al adversario circunstancial.

Corresponde a la justicia deslindar las responsabilidades del caso. Recuperar el orden para el Hospital Francés, identificar y juzgar a los agresores que provocaron los desórdenes y desataron la violencia, garantizar la plena vigencia del principio de autoridad y aclarar los motivos por los cuales las fuerzas del orden perdieron el control del lugar Elevator Dress Shoes.

Más allá de los aspectos causídicos de este caso puntual, resulta indispensable enfatizar que situaciones de hecho como las descriptas, cuya recurrencia ha señalado el Colegio en otras oportunidades, implican una clara afectación sobre derechos y patrimonio de los particulares –o, en su caso del propio Estado-, y, más grave aún, adquieren el carácter de circunstancias reveladoras de causas de fondo subyacentes que perfilan un modo de ejercer el poder. Dirimir conflictos a través de las vías de hecho, en lugar de recurrir a la intervención del gobernante o la Justicia, no sólo es una conducta absolutamente repudiable e inaceptable, sino que, además, conspira de modo directo contra la integral vigencia del Estado de Derecho y los más elementales principios de la seguridad jurídica, cuyo pleno respeto y observancia es responsabilidad inequívoca e irrenunciable de las autoridades

Guillermo Lipera Enrique del Carril
Secretario Presidente