06/03/2021 | 5 de marzo de 2021

LA CONFRONTACION ENTRE PODERES NO ES PROPIA DE UN SISTEMA REPUBLICANO DE GOBIERNO

La apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación constituye, por cierto, una referencia institucional de indudable impacto en el devenir del país y en la vida de sus ciudadanos.

En la ocasión y aludiendo a una serie de proyectos en estudio, el presidente anunció la necesidad de reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES encuentra en esa iniciativa un punto de acuerdo, en tanto la adecuación legal de ese órgano constitucional, por la que hemos bregado tanto en el plano judicial como en el del aporte de proyectos de reforma al debate público, permita hacer honor a la razón de ser que motivó la creación del CMN, para dotar a la Nación de un sistema institucional de selección y enjuiciamiento de magistrados que, cabe recordar, han sido alterado y desvirtuado sin solución de continuidad hasta el presente.
En este sentido, la necesaria reforma debe traducirse en el restablecimiento del equilibrio entre los estamentos que lo integran (legisladores o sus representantes, jueces y abogados), y en garantizar la primacía del carácter técnico de su gestión y la transparencia de procedimientos, de modo de despolitizar su composición e impronta actual que le impide cumplir su relevante cometido institucional.

Sin embargo, advertimos con preocupación que, a más del referido anuncio, las manifestaciones del presidente de la Nación en la apertura del 139º período de sesiones del Congreso, terminaron alineándose tras una perspectiva de la política que horada la independencia de los jueces y fiscales, y de un modo particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su condición de intérprete final de la Constitución como en la de guardián de los derechos y garantías de la población, que constituye el rasgo esencial de un estado de derecho en el que prime la separación de funciones como garantía de la limitación del poder y del control en el modo en que éste se ejerza.
Para peor, tras el referido discurso presidencial, caracterizados legisladores y funcionarios del oficialismo han planteado una inadmisible iniciativa que impulsa la creación de una Comisión Bicameral en el Congreso para investigar a jueces y fiscales que subvierte el Estado de Derecho y las garantías del debido proceso legal al pretender atribuir a dicha Comisión la potestad de investigar y señalar responsables, pareciendo ignorar que en nuestro ordenamiento constitucional se encuentra previsto el procedimiento del juicio político para enjuiciar a los Miembros de la Corte Suprema, mientras que en el caso de los jueces inferiores es el Consejo de la Magistratura el único órgano que tiene la atribución de ejercer su enjuiciamiento y que, en el caso de los fiscales, ya está regulado el procedimiento respectivo en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Y si bien la Ministra de Justicia salió luego a aclarar que la función de enjuiciar a los magistrados solo le compete al Consejo de la Magistratura conforme lo antedicho, no resulta claro que cometidos ni alcances tendría entonces la eventual creación de una comisión especial en el Congreso, ya que para analizar y propugnar eventuales reformas en la justicia los legisladores tienen el resorte constitucional de preparar y proponer proyectos de leyes a tales fines.

Desde el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES consideramos que ésta y otras erradas iniciativas que la precedieron, así como la repetición de críticas desmedidas e injustas dirigidas a la Corte Suprema y a jueces y fiscales de distintos tribunales, propugnadas por altos funcionarios y legisladores afines al oficialismo, generan un peligroso clima de confrontación con el Poder Judicial que atenta contra la división de poderes propia de un sistema republicano de gobierno.

El Directorio