11/12/2020 | 11 de diciembre de 2020

LA REPÚBLICA EN RIESGO

La vicepresidente de la Nación a través de una carta acusó públicamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dirigir y encabezar un supuesto proceso de persecución judicial y de que pueda llegar a \"condicionar o extorsionar\" al gobierno con determinados fallos o hasta incluso hacerlo fracasar en su gestión.

Sin duda, este hecho constituye un inadmisible ataque al sistema republicano, que se traduce en un claro deterioro de la imagen institucional del país frente a la comunidad local e internacional.

No se trata de una mera expresión crítica sobre el funcionamiento de la Justicia.

Las reprochables expresiones proferidas se ven agravadas, por que han sido sostenidas por quien además preside una de las dos Cámaras que conforman el Poder Legislativo de la Nación.

La errada concepción puesta de manifiesto en la declaración analizada, acerca de la naturaleza y funcionamiento de la división de poderes como pilar de un sistema republicano de gobierno, conduciría a someter la imparcialidad e independencia de los jueces frente a las partes del proceso, en su rol de custodios naturales de los derechos y garantías de que gozan todos los habitantes de la Nación frente a los abusos de los poderes públicos o fácticos.

El Poder Judicial tiene la legitimidad que le da la Constitución Nacional, que no se deriva de la elección directa o de su adscripción a una facción política. Toda pretensión de alterar ese diseño institucional afecta la esencia misma de nuestro ordenamiento jurídico fundacional.

El Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una Nación con instituciones sanas y derechos plenos.



El Directorio