27/07/2006 | Declaración Pública

El Colegio cuestiona la ley que reestructura la

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advierte que la reciente ley de reestructuración de la Unidad de Información Financiera (“UIF”), no contribuye al fortalecimiento de las instituciones de la República ni a la seguridad jurídica del país, principios esenciales de la Nación que no pueden subordinarse al propósito de mayor ejecutividad de dicho organismo, por plausible que pudiera resultar dicho objetivo.

El 14 de Junio pasado, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó -sobre tablas y sin debate previo en la Comisión de Justicia- el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, referido a la integración de la UIF. El proyecto, que fue, aprobado por el Senado de la Nación en su sesión del 12 del corriente por lo que será convertido en ley próximamente, no contempla una estructura orgánica que permita asegurar la constitución y desempeño de una entidad independiente y autárquica, tal como lo exigen las sugerencias internacionales en la materia, como el Grupo Egmont de Unidades de Información Financiera.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta que resulta cuestionable que la UIF continúe desempeñando su función dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, cuando -para preservar su indispensable independencia, en aras del mejor funcionamiento-, debió haberse aprovechado su reorganización para insertarlo como parte del Ministerio Público o del Poder Judicial, o de un organismo autárquico como podría ser el Banco Central. La designación -y también remoción de su presidente- por el Poder Ejecutivo, secundado por un Consejo Asesor de consulta obligatoria pero de opinión no vinculante, cuyos vocales serán además designados sin pasar por un concurso interno en las áreas gubernamentales que los propongan, confirma el cuestionamiento realizado. Más aún cuando se advierte que por la ley aprobada, a más del amplio margen de maniobra e iniciativa que le otorga su respectiva competencia, se reconoce a la UIF la potestad de derribar el secreto profesional, bancario y bursátil, de modo que ante el mero requerimiento fundado de esta Unidad (nombrada y removida por el PE) se podrá exigir a personas físicas o jurídicas, cualquier información sin que se le pueda oponer el deber de guardar secreto.
El Colegio de Abogados considera necesario tener medios eficientes para luchar contra el lavado www.myperfectshirts.com de dinero y el crimen organizado, pero ello debe conseguirse respetando la independencia y autonomía en la investigación que evite la utilización de organismos para fines políticos ajenos a su función de investigación.