16/02/2016 | Declaración Pública

ANTE EL ENJUICIAMIENTO DEL JUEZ DE LA CÁMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, DOCTOR NÉSTOR MONTEZANTI

Desde mediados del año pasado la justicia federal de Bahía Blanca experimenta un severo embate institucional.

Al desplazamiento del juez federal Ulpiano Martínez, promediando el año 2015 se agregó el Jury instado contra el camarista de ése fuero, Néstor Montezanti, con su consiguiente suspensión como magistrado.

Al respecto cabe resaltar que, tras ambas situaciones subyacía la investigación judicial de empresas sospechadas de haber aportado facturas irregulares a un grupo económico estrechamente vinculado con principales autoridades del anterior gobierno nacional.

En el caso de Montezanti el proceso iniciado por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación para destituirlo como juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, ha ingresado en estos días en su etapa final.
Del Jury instado sólo se desprenden inferencias sin más respaldo fáctico acreditado que las insinuadas en la acusación del 10 de septiembre de 2015. Tampoco se rescata la acreditación de probanzas que refuercen o esclarezcan las sospechas deslizadas.

Ha quedado acreditado en éste proceso que toda la imputación reposa sobre cuestiones anteriores a la designación de Montezanti como magistrado, la cual se realizó por los poderes del Estado según el procedimiento constitucional, y particularmente, por la evaluación –selectiva, por cierto- de algunos de los clientes que defendió como abogado. En todo caso, cabe repudiar que cualquier profesional del Derecho pueda ser descalificado, perseguido y sancionado en virtud del concepto que merezcan sus eventuales asistidos.

Resulta también cuestionable que el órgano acusador pase por alto el límite temporal que le impone la ley para el juzgamiento de un Juez, soslayando el plazo que fue consagrado en defensa de la independencia de los Magistrados.

Ante las evidencias el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES reitera y señala el peligro que para las instituciones de la República y en particular, para la independencia del Poder Judicial, representaría una eventual sentencia condenatoria en un proceso en el que un juez, insólitamente, ha sido suspendido por el Consejo de la Magistratura por supuesto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, bajo la expresa aclaración que no le imputan delito alguno, en tanto que el supuesto mal desempeño se fundó en causales que, además, el Consejo ya había considerado con anterioridad y que habían derivado en el archivo de las denuncias.
Lo relevante aquí es que tal conjunto de circunstancias, finalmente, colaboró a obstaculizar las referidas investigaciones judiciales.

No se trata sólo de Montezanti, sino de fortalecer la República y la independencia del Poder Judicial en el insoslayable combate contra la corrupción que debe dar la sociedad argentina en su conjunto.

El Directorio