16/08/2011 | Declaración Pública

DE ESO NO SE HABLA

En la República Argentina, como en cualquier estado constitucional del mundo, la circunstancia que en inmuebles de propiedad de un Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ejerciera la prostitución -como fue reconocido por el propio juez involucrado- y eventualmente la explotación y trata de personas, cuanto menos es un episodio estremecedor y paradoójico en la vida de una sociedad.

Es menester que el doctor Eugenio Zaffaroni formule las explicaciones que correspondan para alejar toda suspiciacia respecto de esos hechos.

Sin embargo el ámbito propio para darlas no es la prensa, ni el seno del Alto Tribunal al que pertenece, ni los espacios universitarios. Tampoco una eventual renuncia contribuirá de por sí a aclarar la situación. Sólo el juicio político previsto por la Constitución Nacional para los Jueces de la Corte Suprema posibilitará un adecuado esclarecimiento. Allí el doctor Zaffaroni podrá ejercer su derecho de defensa con el objeto de la acusación de la Cámara de Diputados y el juzgamiento del Senado, con transparencia y bajo el amparo del debido proceso, establezcan la verdad jurídica de los hechos.

Porque corresponde y, sobre todo, por la notoria connotación institucional del caso, debe preservarse la presunción de inocencia. Su vulneración sería una acto gravísimo. Si no se la respetase se estaría replicando el inadmisible proceder de lanzar acusaciones temerarias y sin fundamento contra los adversarios de turno, puesto en boga por no pocos encumbrados funcionarios gubernamentales.

Es ineludible entonces dar curso al mecanismo previsto por la Constitución.

En tanto ello no ocurra, la Verdad, la Ética Pública y la credibilidad popular en las instituciones de nuestra República serán las postergadas víctimas del doble estándar moral al que somete a la democracia argentina.


El Directorio