10/03/2006 | Solicitada

INTEGRACIÓN DE LA CORTE Y CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: NUEVA DEGRADACION INSTITUCIONAL

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, hace un
llamamiento a las instituciones civiles para que, utilizando los medios legales
que nuestro ordenamiento jurídico establece, realicen todas las acciones
tendientes a evitar que se ponga en vigencia la reforma al Consejo de la
Magistratura y se defina cuanto antes el número de integrantes y la
composición de nuestra Corte Suprema de Justicia.
• El Consejo fue creado por la Reforma Constitucional de 1994 para mejorar
la calidad de los mecanismos de selección de jueces y reducir la discrecionalidad
en su designación. Además, a través de su Jurado de Enjuiciamiento se
procuró despolitizar la remoción de aquellos jueces que incurrieran en
causales de destitución.
• La ley recientemente aprobada que modifica la composición del Consejo
de la Magistratura desarticula uno de los objetivos principales con los que fue
concebido ya que la Constitución de la Nación prescribe el equilibrio entre los
distintos sectores y representaciones, tendiente a resguardar la independencia
del Poder Judicial del control e interferencia del sector político y del
oficialismo de turno.
• Esa desarticulación se produce porque en la nueva ley se disminuyen los
jueces, abogados y académicos y se elimina la representación de la Corte
Suprema, manteniéndose inalterado el número de los integrantes del
sector político instaurándose así un desbalance reprochable y peligroso a
favor del partido gobernante.
• En el futuro, tanto la designación de nuevos jueces como la remoción de
los “malos” jueces, dependerá en mayor medida de criterios políticos con el
agravante que con los cambios introducidos, el oficialismo de turno contará
con las mayorías necesarias para vetar candidatos a jueces e impedir
remociones. La nueva ley también permite a los representantes del sector
político sesionar y formar quórum sin los jueces, abogados y académicos que
integran el Consejo.
• El mensaje que la nueva ley transmite a la sociedad es claro: para ser
elegido y/o evitar ser removido como juez, deberá contarse con el favor del
oficialismo en el poder, y quienes actúen con independencia se exponen
seriamente a ser removidos.
• Lo objetable no es el mero hecho de haber reducido el número de
miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento.
Tampoco se niega la necesidad de mejorar el funcionamiento de ambos órganos.
Sin embargo, es reprochable la manera en que se efectúen los cambios que
tienden a asegurar la hegemonía del poder político en materias tan trascendentes
como son la designación y la remoción de jueces.
• La aprobación de la ley por parte del Congreso ha demostrado también
graves deficiencias en el sistema de división de poderes exteriorizadas en la
ausencia de un debate profundo y transparente de un proyecto que incide
directamente en los mecanismos de control establecidos en la Constitución, a lo
cual se agregó el estado público de negociaciones y cambios de postura de
algunos legisladores que dejan la sensación en la ciudadanía de una falta de
responsabilidad frente a temas trascendentes para la fortaleza institucional que
el país tanto necesita.

• Además la manipulación del Poder Judicial se ve acentuada por otras
prácticas no menos graves. Se han producido dos vacantes en la Corte
Suprema, y el Poder Ejecutivo ni ha propuesto candidatos para los reemplazos,
como exigen las normas en vigor dictadas por el actual gobierno, ni ha tomado
la decisión de reducir el número de integrantes de la Corte mediante la
elevación del proyecto pertinente.
• Esta actitud hace temer especulaciónes políticas destinadas a
manejar la designación de los reemplazantes en la Corte Suprema de
Justicia en función de las necesidades coyunturales a fin de asegurar determinados
resultados en las sentencias para satisfacer los objetivos del Poder
Ejecutivo.
Guillermo Lipera
Secretario
Enrique del Carril
Presidente