11/11/2015 | 11 de noviembre de 2015
El 11 de noviembre pasado se realizó en el Salón Azul del Colegio, a sala repleta, la reunión sobre “Catástrofes naturales y seguridad ambiental desde el Derecho y la Tecnología” organizada por la Comisión de Derecho y Relaciones Internacionales del Colegio. El Dr. Eduardo Gregorini Clusellas, presidente de la Comisión, abrió el acto dando la bienvenida a los asistentes, en especial al Dr. Diego Zannoni, profesor de la Universidad de Padua y anunciando, asimismo, que la Dra. Maureen Williams, Vicepresidente de la Comisión y expositora en dicha reunión, había sido designada integrante de la Corte Permanente de Arbitraje de las Naciones Unidas. A continuación el Dr. Gregorini Clusellas puso de relieve la actualidad de los temas a tratarse, destacando la importancia de las nuevas tecnologías en el campo internacional y sus aspectos jurídicos.
La Dra. Williams examinó las tecnologías espaciales y cibernéticas y sus aplicaciones crecientes, con acento en la seguridad ambiental. Observó que dichas tecnologías integran la rutina misma en los escenarios internacionales actuales en los que el derecho internacional rige la actividad humana. En el presente, además de la legislación internacional vigente, existen legislaciones espaciales nacionales cuyo número está aumentando. La ley aplicable en el espacio ultraterrestre son los cinco Tratados de Naciones Unidas hoy vigentes y, para la solución de controversias, las nuevas Normas sobre Arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje de Naciones Unidas accesibles tanto a estados soberanos como a empresas privadas.
La expositora se refirió, asimismo, a los tres grandes riesgos para la seguridad ambiental que la Conferencia de NNUU sobre Desarme, en 2008, destacó. Ellos son los residuos espaciales, la posibilidad de una carrera armamentista en el espacio y la presencia de objetos naturales cercanos a la Tierra, tales como asteroides y meteoritos, con riesgo de impacto en nuestro planeta. A estas amenazas era oportuno agregar una nueva, por demás angustiante, que sería el ataque cibernético a los satélites de observación de la Tierra y a las redes de comunicaciones por satélites teniendo en cuenta, especialmente, el fácil acceso a la tecnología de vanguardia por grupos terroristas. La Dra. Williams, para finalizar, pasó revista a otros riesgos a la seguridad ambiental como son las cenizas volcánicas y también el crecimiento del nivel de los mares y sus consecuencias sobre las instituciones clásicas del derecho internacional del mar, los derechos humanos, las migraciones y temas de nacionalidad vinculados a la pérdida total o parcial del territorio de un estado a causa de este nuevo fenómeno.
El Dr. Castillo Argañarás describió la labor de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina (CONAE) en materia de catástrofes naturales y tecnologías aplicables ante desastres naturales como ser inundaciones, terremotos y tsunamis, y el Plan Espacial Argentino en curso y las misiones acordes con los objetivos y avances de la misión argentina Aquarius, entre ellos, el estudio de la salinidad de las aguas en los océanos Pacífico e Indico. Observó que esta misión le permite a la Argentina cumplir objetivos estratégicos en el sentido de conformar un ciclo de información espacial completo coordinando sus políticas espaciales con los Estados Unidos, Francia, Canadá, Italia y Brasil. En el ámbito internacional destacó la importancia de que la Argentina sea parte de la plataforma UN-Spider, operada por esa organización mundial. Esta plataforma consiste en un registro con información, obtenida por tecnología espacial, útil para agilizar operativos de salvamento ante desastres naturales y un elemento a destacar era su eficaz sistema de ‘respuestas a emergencias’.
El Dr. Zannoni habló de la reglamentación internacional de las actividades espaciales con enfoque particular en la prevención y gestión de los desastres naturales y la “obligación internacional de preaviso” e ilustró el tema con un caso controvertido, como ha sido el terremoto de L’Aquila (Italia, 2009) en cuyo proceso judicial se discutió, entre otros, el alcance de la obligación antes referida. El Dr Zannoni partió de la definición adoptada por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, según la cual se entiende por "desastre" un evento o serie de eventos calamitosos que ocasionan numerosas víctimas, grave infortunio y grandes sufrimientos humanos o daños materiales o ambientales en gran escala, con la consiguiente grave perturbación del funcionamiento de la sociedad.
El orador informó que el Tribunal de Primera Instancia de L’Aquila había condenado a los científicos responsables de detectar el desastre en sus dimensiones reales a seis años de reclusión por delito de homicidio culposo al no haber respetado las obligaciones inherentes a una minuciosa valoración de los datos disponibles, no haber recurrido a la tecnología más avanzada para la estimación del anunciado riesgo sísmico, y haber desconocido la elevada fragilidad de los edificios existentes. De igual manera, por asegurar a las víctimas del terremoto sobre la base de informaciones erróneas, induciéndolas a permanecer en sus domicilios a pesar de los temblores amenazantes. La Corte de Apelación, por su parte, en sentencia del 10 de noviembre de 2014 absolvió a seis de los siete condenados en primera instancia y, en el caso del único condenado, redujo la pena establecida en primera instancia a 2 años de reclusión.
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