30/07/2008

Carta del Presidente

Señores Socios:

Adjunto a la presente enviamos el texto de la ley Nº 2811, sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el pasado viernes 25 de julio a las 5,30 hs. en el cual se deroga la ley 1181 que creó CASSABA y se dispone la liquidación de este organismo. Asimismo se acompaña la versión taquigráfica del debate legislativo.

La lucha por conseguir esta ley fue ardua y nuestro Colegio tuvo un papel protagónico, plasmado en su postura permanente de oposición a este tipo de organismo previsional. La posición del Colegio se sustenta en dos principios fundamentales: a) la libertad de los abogados para decidir y elegir el sistema de previsión que consideren apropiados a sus intereses; b) resguardar el acceso a la Justicia, evitando el encarecimiento del derecho a los Tribunales mediante la imposición de contribuciones obligatorias a cargo de los litigantes para beneficiar a los abogados.

Estos principios llevaron a nuestro Colegio a oponerse en forma firme y terminante a la creación de la CASSABA, lucha que en su momento no fue coronada por la mayoría circunstancial del CPACF, ya que la ley 1181 fue sancionada por la Legislatura de la Ciudad por impulso del sector que entonces dirigía el Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

La historia posterior es conocida por todos. Nuestro Colegio siempre mantuvo su postura contraria al régimen y así lo hizo saber mediante una solicitada publicada en el mes de mayo de 2003; mediante la iniciación de acciones judiciales y por medio de planteos directos ante los distintos integrantes de la Legislatura propiciando proyectos derogatorios –como el de los diputados Jorge Enríquez y Fernando Caeiro- o, como un mal menor, aquellos que reglamentaban la voluntariedad del régimen.

En esta lucha tuvimos objetivos comunes con la actual conducción del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, representada por la agrupación “Gente de Derecho” y el actual presidente de esa corporación, Jorge Rizzo. A pesar de la unidad de objetivos, siempre mantuvimos la diferenciación en cuanto al estilo y los medios utilizados para exponer nuestras opiniones. Especialmente resaltamos nuestra oposición a la creación de cualquier Caja de Previsión para Abogados, por lo cual nuestra posición no se detiene únicamente en la inconstitucionalidad de CASSABA por haber sido creada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, contrariando el art. 125 de la Constitución Nacional, argumento principal y casi único utilizado por las autoridades del Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

Consideramos que la objeción constitucional, si bien demostró tener un parcial éxito en los Tribunales Nacionales (no así en los de la Ciudad de Buenos Aires), chocaba con el espíritu autonómico que priva en el ánimo de los legisladores de la Ciudad Autónoma y dificultaba una decisión derogatoria. Ello está confirmado en el debate legislativo, cuya versión taquigráfica acompañamos. Por tal motivo se actuó con el convencimiento que debía insistirse sobre el argumento político basado en los principios fundamentales sostenidos por nuestro Colegio y avalados por la oposición al régimen demostrada por los abogados de nuestra ciudad.

Ello nos llevó a impulsar la lista “Derogación y Distribución” en las elecciones de CASSABA y a convencer al Dr. Jorge Enríquez, autor del primer proyecto derogatorio, a que presida la misma, quien puso todo su entusiasmo en la empresa y fue un factor determinante en el éxito rotundo obtenido que fue la llave para lograr la derogación de la ley 1181 y la liquidación de CASSABA. Debo resaltar la imaginación y fino sentido político de la Comisión de Política Institucional, creada por el Directorio, de cuyos miembros surgió la idea de impulsar esta línea de acción y proponer encabezar la lista al Dr. Enríquez.

Con el esfuerzo de todos, hemos contribuido a remover un obstáculo al libre ejercicio profesional y al acceso a la Justicia. También debemos reconocer el accionar de nuestros circunstanciales aliados que dirigen el Colegio Público de Abogados que fue mucho y muy valioso a pesar de marcar nuestras discrepancias de estilo.

El esfuerzo es de todos los socios porque, de una manera u otra, han contribuido en esta lucha. Especialmente queremos resaltar el de nuestros Socios Benefactores pues han contribuido no sólo con el aporte económico sino con la puesta a disposición de abogados de primer nivel en las distintas acciones llevadas adelante.

Consideramos que este triunfo nos debe llevar a redoblar el apoyo a nuestro Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, pues ha demostrado que la asociación libre rinde sus frutos aún en un régimen legal de control de la matrícula obligatorio en manos del Colegio Público.

Atentamente,
Enrique V. del Carril
Presidente