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 Posición Institucional

09/06/2020 - 9 de junio de 2020

LA INTERVENCIÓN Y EXPROPIACION DEL GRUPO VICENTÍN

Resulta absolutamente inaceptable que, a través de un DNU, el Poder Ejecutivo de la Nación determine la intervención oficial de un grupo de empresas del sector privado que conforme al régimen legal vigente ha impulsado la tramitación de su proceso concursal ante la Justicia competente, ya que constituye una clara violación del principio de separación de poderes en tanto implica una ilegítima intromisión en el funcionamiento de la justicia, quien cuenta con diversas herramientas en el marco de la legislación aplicable, para buscar la preservación de los empleos y de los activos que son prenda común de los acreedores.

Dicho DNU anticipa la vocación oficial de avanzar con la sanción de una ley que proclame la futura expropiación de ese grupo empresario. De implementarse ambas iniciativas se consumaría una inadmisible lesión al derecho de propiedad y a la tutela judicial de efectiva de los derechos de las personas involucradas, que peligrosamente podría extenderse a otras empresas concursadas, con el agravante que por efectos de la pandemia que nos afecta es esperable que muchas otras acudan a la protección del régimen concursal.

Tras dogmáticos argumentos que proclaman el beneficio de los productores y la soberanía alimentaria nacional, subyace la triste experiencia habida en la historia de nuestro país que, una y otra vez, ha significado la regulación e intervención oficial de actividades competitivas, organizadas y transparentes de nuestro quehacer productivo, que en su devenir han demostrado la ausencia de competencia y la clara ruptura del principio de subsidiaridad del Estado propio de las naciones más desarrolladas, arrojando resultados absolutamente contrarios a los anunciados con su implementación que, lamentablemente, significaron el menoscabo de derechos de los ciudadanos y la afectación del progreso de la Nación.

Es de esperar que la justicia defienda el ejercicio de su competencia y de las facultades que le acuerdan la Constitución Nacional y la ley de concursos, y que el Congreso de la Nación no apruebe el proyecto de ley dirigido a expropiar esta empresa, ni de ninguna otra que se encuentre en similares condiciones.

El Directorio

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