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 Posición Institucional

20/02/2019 - 20 de febrero de 2019

ACERCA DE LA OPOSICIÓN A UN CANDIDATO A INTEGRAR LA CIDH

El COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES expresa su desacuerdo con aquellas voces que critican la postulación de Alfredo Vítolo para cubrir una vacante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo especial foco para ello en la posición que éste sustenta en relación al tema del aborto.

ALFREDO VITOLO reúne inmejorables capacidades éticas, profesionales y académicas que acreditan, asimismo, una vasta trayectoria en el ejercicio de la abogacía, y, es precisamente, desde esa destacada labor profesional en el ámbito del Derecho Constitucional que, sin solución de continuidad, ha sostenido las determinaciones del ordenamiento juridíco argentino por los tratados internacionales suscritos por el país, así como la propia Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial de la Nación, posición que con justeza expresó en ocasión del debate público convocado por el Congreso de la Nación en relación a los proyectos de ley referidos a la interrupción voluntaria del embarazo, asi como también otros temas jurídicos vinculados a la interpretación de leyes y tratados internacionales.

Más allá de la opinión personal sobre éste y otros temas jurídicos complejos y de innegable trascendencia para el andamiaje jurídico, cultural y social nacional, el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES sostiene que actitudes de rechazo como las señaladas exceden la manifestación de meras disidencias. Revelan la profunda contradicción de impugnar a un prestigioso jurista para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente, por tutelar una postura en defensa de la vida. Asimismo sorprende que, por el contrario, omitan cuestionar la integración de ese cuerpo por el abolicionista del Derecho Penal Eugenio Zaffaroni.

En definitiva, esas actitudes proyectan sobre nuestra sociedad la pretensión de un imperativo que, por último, explicita una visión sesgada de la realidad nacional y, sobre todo, de nuestro ordenamiento jurídico vigente que, cuanto menos, arropa una clara vocación apropiativa de los derechos humanos y de un modo de concebir el ejercicio del poder que, en definitiva, debilita el sistema democrático y republicano sostenido por nuestra Constitución Nacional.

EL Directorio

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