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 Posición Institucional

03/06/2016 - Declaración Pública

NO MANOSEAR A LA CORTE

Ante versiones periodísticas que señalan que el Senado podría condicionar el acuerdo a ser prestado a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional para completar la integración del máximo tribunal judicial del país al previo acuerdo sobre una eventual ampliación del número de sus miembros, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires desea señalar su preocupación.

Si bien el nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un acto de naturaleza claramente política, no puede dicho acto quedar condicionado por discusiones oportunistas. El acuerdo debe ser brindado o rechazado considerando las capacidades individuales de los candidatos propuestos y cómo éstos pueden contribuir (o no) a la conformación de uno de los tres poderes del estado, pero nunca el acuerdo puede verse afectado por cuestiones ajenas a éstas. Es oportuno recordar las palabras de Bartolomé Mitre quien, al proponer a los integrantes de la primera Corte Suprema, dijo: “Como Presidente de la Nación busqué a los hombres que en la Corte Suprema fueran un contralor imparcial e insospechado de las demasías de los otros poderes del Estado, y que … dieran a sus conciudadanos la mayor seguridad de la amplia protección de sus derechos y la garantía de una total y absoluta independencia del Poder Judicial\". Son éstos y no otros, los principios que deben guiar a los senadores a la hora de decidir su voto dando o rechazando el acuerdo.

No caben dudas que el número de integrantes de la Corte Suprema es una cuestión opinable y abierta al debate político y académico, considerando su rol como poder del estado, y así lo previó el constituyente de 1860 al eliminar del texto constitucional el número cerrado de miembros que la compondrían. Lamentablemente en nuestro país el tema fue utilizado en diversos momentos de nuestra historia como variable de ajuste de acuerdos políticos ajenos a la problemática del Poder Judicial y así oscilamos entre Cortes Supremas de 9, 7 o 5 miembros, sin llegar a consolidar tradición alguna. No podemos caer una vez más en la tentación. El debate sobre el acuerdo de los abogados propuestos por el Presidente de la Nación para integrar el tribunal es ajeno a esta cuestión y por lo tanto no puede ser demorado, máxime teniendo en cuenta que la Corte Suprema hace ya casi seis meses funciona irregularmente con sólo tres jueces, con notoria afectación del derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos. No podemos manosear a la Corte de este modo. El debate por el acuerdo debe darse y, luego si, podrá procederse a un debate más pausado y reflexivo sobre cuál debería ser el número ideal de sus integrantes.

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