04/06/2014 | Declaración Pública

NUEVA PERSECUCIÓN A JUECES: EL CASO DEL FUERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Por votación dividida, y como consecuencia de una denuncia de la Anses, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura nacional recomendó iniciar juicio político para remover a los jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Luis René Herrero y Emilio Fernández.
Esta arremetida contra los referidos jueces debe analizarse dentro del grave contexto en que se encuentra el fuero de la Seguridad Social, que ha llegado al extremo de que por una acordada de principios del corriente año, los nueve jueces de las salas de apelaciones efectuasen un pedido de auxilio a la Corte para aliviar la crítica realidad derivada de la inmensidad de juicios por reajustes de haberes jubilatorios.
El estado de situación ha revestido tal gravedad que, recientemente, la propia Corte Suprema dictó la sentencia \"Pedraza\" y la acordada 14/2014, por medio de las cuales se dispone la redistribución de las apelaciones que se concentraban hasta ahora en la Cámara Federal de la Seguridad Social porteña, entre las cámaras federales del país, y que las demandas presentadas en una provincia continuarán tramitando en ese distrito. Claramente, el Máximo Tribunal adopta tal temperamento con el propósito de reconducir los factores a los que asigna la enorme litigiosidad previsional, el consiguiente colapso de reclamos ante la Cámara Federal de Seguridad Social y la reticencia de la Anses en cumplir las sentencias de ese tribunal y de la propia Corte.
Asimismo, ha motivado incluso la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, frente a la cual la ANSES ha asumido el compromiso de no apelar las sentencias dictadas en los juicios iniciados por los jubilados por reajuste de haberes, cuyo cumplimiento ha sido señalado como parcial según surge de la memoria de dicha comisión del ejercicio 2013.
La deuda acumulada por el ANSES sólo por este concepto adquiere ribetes extraordinarios. Así, las causas en trámite que tienen como demandada a la ANSES suman casi trescientas cuarenta mil y, conforme el promedio de liquidaciones de los juicios cancelados en el 2013, representarían un stock de deuda del orden de los 6.100 millones de dólares.
Ante la persistente política de demora de la Anses en pagar los juicios ganados por los jubilados y el notorio desvío de aportes previsionales hacia destinos impropios a su objetivo específico, resulta ahora que el dictado de determinadas sentencias a favor de dichos jubilados, como lo son las medidas cautelares dispuestas por los jueces Herrero y Fernández en los reclamos por la aplicación de los fallos Badaro y Elliff, pretende ser utilizado para intentar justificar su remoción.
De tal manera, paradójicamente, la proactividad de estos jueces para hacer cumplir las sentencias que reconocen los legítimos derechos de los jubilados es la verdadera y única razón de esta embestida de los consejeros afines al gobierno, que, bajo el disfraz de amañadas imputaciones de mal desempeño, busca como fin último presionar a los magistrados que con su independencia honran a la magistratura.
La situación creada es grave por sí misma, pero más aún a poco de advertirse que ante todo hay un derecho humano afectado que, a su vez, ocasiona un pasivo ético, social y patrimonial inadmisible, cuya solución no permite más retardos. Es indispensable respetar la división de poderes, el debido proceso, la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad de los jueces como limite institucional contra el abuso de poder que esmerila y trastoca el legítimo ejercicio de derechos y garantías de los individuos, así como la base misma de la democracia constitucional de nuestro país. En tales condiciones, el pedido de juicio político contra los doctores Herrero y Fernández por resultar arbitrario, ilegítimo y temerario, merece ser rechazado.

El Directorio