La Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Muy buenas tardes. Nos reunimos hoy para homenajear a un ciudadano que a lo largo de su vida se ha desempeñado como abogado, profesor universitario, diputado provincial y nacional, senador y juez de la Corte Suprema de Justicia Nacional. En esta última fue designado con acuerdo del Senado en diciembre de 2002 por el Dr. Eduardo Duhalde, presidente provisional de entonces.

Cuando llegue el momento de su retiro, el 29 de diciembre próximo, habrá cumplido 22 años, menos un día, en el Alto Tribunal.

El tiempo de que disponemos es breve y analizar cualquiera de las decisiones en las que participó, sea individualmente con su disidencia o su voto concurrente, sea colegiadamente, llevaría muchísimo más espacio que el conferido.

Consecuentemente, me interesa ocupar la atención de Uds. no ya en las sentencias concretas en las que intervino sino en algunos de los conflictos que ocuparon su atención.

Empecemos por el principio. Todos recordamos los inolvidables acontecimientos de fines del año 2001 y principios del 2002. No eran épocas de concordia social, precisamente. Bueno, a esta época pertenecerán muchas de las decisiones del Tribunal en las que, recientemente designado, tuvo que intervenir.  Su bautismo durante esos días como juez de la Corte, por llamarlo así, no fue el esperado.

Las sentencias de la Corte no fueron recibidas mansamente por parte de la sociedad. Y fue precisamente en esta época que, a raíz de uno de esos pronunciamientos, debió padecer el ataque físico a manos de una turba cobarde de ahorristas o de personas que se decían ahorristas, quienes lo agredieron al ingresar a su domicilio. Afortunadamente la golpiza no pasó a mayores y pronto se recuperó.

Parejamente, esa magna función debía ser desarrollada puerta de por medio con otros jueces cuyo juicio político fue solicitado dos veces, primero por Eduardo Duhalde y luego por Néstor Kirchner. Habiendo renunciado o habiendo sido desplazados  los señalados por el gobierno, comenzó una nueva etapa donde ingresaron nuevos miembros lo que, obviamente, implicó nuevas adaptaciones.

También debió intervenir en la saga de la tenencia de estupefacientes para consumo personal y en las controversias sobre el aborto.

Las secuelas de las violaciones a los derechos humanos de los años setenta reaparecieron cuando llegaron a la Corte Suprema los cuestionamientos a la ley que permitió abrir o reabrir causas a militares sindicados como partícipes en distinto grado de delitos aberrantes, su calificación como de lesa humanidad, su prescriptibilidad y sobre la idoneidad de la prueba inculpatoria. Dentro de esta temática –pero un poco más adelante en el tiempo- recordaremos también el impacto académico y social que produjo la sentencia en la que la Corte, por mayoría, contándolo al Dr. Maqueda entre sus disidentes, admitió el cómputo del 2 x 1 y la reversión jurisprudencial de esa doctrina por parte de la mayoría de la Corte, poco tiempo después, previa intervención del Congreso.

No puede dejar de mencionarse en este breve punteo el famoso caso “Clarín”, la confrontación del gobierno con esa empresa, el impacto en la prensa y la sentencia que, con algunas disidencias parciales –Maqueda entre estas últimas-, resolvió el conflicto.

Vuelve ahora a aparecer el conflicto social intransigente cuando otras turbas enardecidas, defensoras de los derechos humanos, expresaron su disconformidad con los integrantes de la Corte, algunos periodistas y abogados, colgando en la vía pública carteles con las caras de algunos de los integrantes del Tribunal y de periodistas, al tiempo que, entre insultos y epítetos de todo tipo, exigían la renuncia de los primeros e invitaban a sus seguidores a escupir esas imágenes.

 Un lugar de importancia posee también la jurisprudencia sentada con motivo del efecto de las decisiones de la Corte IDH y sus variaciones posteriores generando fuertes diferencias doctrinarias en favor y en contra.

A ello le siguió el intento posterior del gobierno de modificar la composición y la competencia de la Corte Suprema, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo designó la llamada Comisión Beraldi. Todo esto ocurría, como muchos de nosotros recordamos, bajo oleadas de insultos hacia los integrantes del Alto Tribunal, provenientes desde las más altas esferas del gobierno.

La Corte Suprema debió dirimir también el conflicto generado como consecuencia de la ley llamada “de democratización de la justica”, lo cual, como otras decisiones anteriores, no tuvo buena acogida con el gobierno de entonces. Como tampoco la tuvo cuando resolvió la inconstitucionalidad parcial de la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Y si damos unos grandes saltos llegamos a nuestros días con las incidencias procesales habidas en juicios criminales seguidos contra la ex Presidente, funcionarios de su gobierno y empresarios, por delitos de corrupción.

A todo ello debemos añadir las mareas de causas de arbitrariedad que ocupan la gran mayoría de los temas que resuelve la Corte a diario y que, literalmente, se cuentan de a miles.

Como se puede apreciar de esta brevísima síntesis, el nivel de complejidad de los asuntos en los que debió intervenir el Dr. Maqueda fue altísimo. Las presiones que debió soportar seguramente fueron fuertes. No obstante, puedo decir sin temor a equivocarme que su vocalía es una de las más eficientes del Tribunal, si no es la más eficiente, y junto con sus secretarios y secretarias letradas colabora con dedicación y esfuerzo a la gestión rápida e ilustrada de los miles de causas.

Si bien lo ha caracterizado el bajísimo perfil, ojalá algún día nos haga saber de su propia pluma cuáles fueron sus vivencias. Con seguridad tendrá un auditorio ávido de escuchar sus experiencias. Muchas gracias.

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