La Revista del Colegio de Abogados

---

https://www.colabogados.org.ar/posicion/declaracion.php?id=350

 20 de agosto de 2024

ACERCA DEL RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresa su profunda preocupación por las reiteradas agresiones verbales del presidente de la Nación a periodistas que en ejercicio de la libertad de expresión formulan críticas u observaciones a su gobierno. Los embates más recientes fueron dirigidos a los periodistas Carlos Pagni y Marcelo Longobardi, a través del reenvío de mensajes injuriantes y de la más baja estofa de usuarios de la red X. Nadie duda que el presidente, como cualquier otro ciudadano, tiene el derecho de manifestar sus opiniones y de refutar aquellas con las que no concuerda. El problema que nos inquieta es que lo hace mediante la descalificación personal o el insulto, empleando un lenguaje muchas veces soez, impropio de su investidura y del respeto a la libertad que ha jurado defender.

Este Colegio valora aspectos sustanciales del actual rumbo económico, como la reducción del déficit fiscal y de la inflación, la desregulación y el aliento a la iniciativa privada, pero para que esa orientación sea consistente y sostenible en el tiempo se debe asentar en sólidos pilares republicanos. Para dejar atrás el populismo económico, es imprescindible también evitar la tentación del populismo político.

Los populismos de cualquier signo ideológico tienen algunos denominadores comunes, entre los que invariablemente se encuentran los ataques a la justicia independiente y al periodismo libre. La postulación para la Corte Suprema de una figura tan cuestionable como Ariel Lijo y las agresiones a diversos periodistas (y a la idea de periodismo en general, presentada como otra de las manifestaciones de la “casta”) arrojan sombras perturbadoras sobre la real vocación republicana del gobierno presidido por Javier Milei. Los presidentes no son jefes de una facción, sino del Estado, y no deben comportarse como usuarios de cuentas anónimas que esparcen la violencia verbal en las redes sociales.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires hace votos para que tales episodios constituyan hechos aislados y no sean parte de una deliberada estrategia de inequívoco sesgo autoritario. En un país marcadamente presidencialista, el estilo de los presidentes no es una cuestión menor, porque proyecta su influencia a todos los ámbitos de la vida social. La convivencia pacífica entre personas de diversas ideas y pertenencias se asienta sobre el respeto recíproco entre los ciudadanos. Los presidentes deben ser los primeros en dar ese ejemplo.

El Directorio

 

https://www.colabogados.org.ar/posicion/declaracion.php?id=351

4 de septiembre de 2024

ACERCA DE LA MISIÓN DE LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO Y DE LOS MALTRATOS A LA PRENSA

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires observa con preocupación la actividad de la actual Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que ha trascendido en los medios públicos. Nuestro país ha sufrido durante décadas la utilización de los servicios de inteligencia para persecuciones políticas e ilícitos en general, lejos de los objetivos necesarios para los que fueron creados, que son la seguridad interna, la defensa nacional y el posicionamiento de la Argentina en el mundo.

Nuestra esperanza de cambio a las peores prácticas del pasado se vio perturbada con el reciente pedido de informes que abogados que, invocando la representación de la SIDE, habrían realizado en diversos expedientes judiciales federales donde se investiga a exfuncionarios de la Administración del ex Presidente Macri.

Si bien resulta razonable que la SIDE requiera interiorizarse sobre las investigaciones llevadas a cabo sobre sus exagentes o agentes en servicio, así como la posible violación de secretos de Estado, no escapa a nuestra atención que dicha intervención se habría dado casualmente cuando estaba en debate en la Cámara de Diputados la validez del DNU que había aprobado un presupuesto de $ 100.000 millones para fondos reservados de la nueva SIDE.

El Colegio de Abogados ha expresado en reiteradas oportunidades su beneplácito con el cambio que impulsa el presidente y su política económica, en especial, la reducción del gasto público y del déficit fiscal, la drástica reducción de la inflación y la desregulación. Sin embargo, con espíritu constructivo, este Colegio recuerda que la libertad es una sola: no hay libertad económica perdurable sin la vigencia de las demás libertades que garantiza nuestra Constitución.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera que es imprescindible para transformar el país y colocarlo en la senda del crecimiento sostenido que perdure en el tiempo, que junto con los cambios económicos se respeten y fortalezcan las instituciones y la seguridad jurídica. Ello implica respetar, la libertad individual y la libertad de expresión y de prensa.

Por último, tampoco se puede consentir la violencia verbal sobre los medios de prensa y sus periodistas, respecto de lo cual lo cual este Colegio ya ha llamado la atención en fecha reciente. En un estado de derecho no puede concebirse que periodistas y medios de prensa sean ultrajados por el hecho de ejercer su libertad y expresar ideas o juicios críticos a la acción de gobierno. Ésta no debe dejarse ganar por el entusiasmo. Pues, como expresara Juan Bautista Alberdi en la Omnipotencia del Estado es la Negación de la Libertad Individual: El entusiasmo engendra la retórica, el lujo del lenguaje, el tono poético, que va tan mal a los negocios, y todas las violencias de la frase, precursoras de las violencias y tiranías de la conducta.

El Directorio

 

https://www.colabogados.org.ar/posicion/declaracion.php?id=352

1 de octubre de 2024

AVANCES PREOCUPANTES SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE PRENSA Y DE INFORMACIÓN

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó hace poco tiempo su profunda preocupación por las reiteradas agresiones verbales del presidente de la Nación a periodistas que formulan críticas u observaciones a su gobierno. Lamentablemente, esos ataques se han ido intensificando, mediante nuevas manifestaciones injuriosas vertidas en un lenguaje con frecuencia cada vez más vulgar.

Más grave aún, el presidente ha deslizado la idea en una entrevista televisiva de hace unas semanas que presentaría un proyecto de ley para que los periodistas sean considerados “personas políticamente expuestas”. De esa forma, agregó, deberían presentar una declaración jurada y “ser sometidos al escarnio público” al que, según él, ellos someten a la sociedad. Recién entonces, sostuvo, aceptaría ofrecer conferencias de prensa a agenda abierta.

Más recientemente ha vuelto a dirigirse de manera agraviante, en este caso, hacia el presidente del diario La Nación y a periodistas de ese medio, calificando asimismo a ese medio como un “pasquín”. No se detuvo allí. También lanzó críticas contra un periodista del diario Clarín, quien también se desempeña en Radio Rivadavia y LN+.

Esa pretensión de ubicar a los periodistas como enemigos de la sociedad, a la que solo representaría el presidente, es un signo distintivo de los populismos autoritarios. En cualquier caso, las restricciones a la prensa y a la libertad de expresión son inconstitucionales, como lo demuestra la mera lectura de los artículos 14, 32 y 43 de la Constitución Nacional, de tratados internacionales con jerarquía constitucional y de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema.

Sería ocioso recordar los numerosísimos casos de corrupción que salieron a la luz pública por investigaciones de periodistas, muchas de ellas publicadas precisamente en el medio contra el cual hoy se ensaña, entre otras cosas, por su rechazo, expuesto con fundados argumentos, a la postulación a la Corte Suprema del juez Ariel Lijo. Tampoco sería necesario traer a colación la dignidad de periodistas y editores que, en tiempos más lejanos, pagaron con la muerte, la cárcel, la tortura o el exilio su defensa de las libertades públicas.

También en el contexto de la libertad de expresión, de información y de prensa, despierta una profunda preocupación el dictado del Decreto 780/2024, reglamentario de la ley 27.275, que restringe indebidamente el acceso a la información pública. En rigor, bajo el pretexto de reglamentarla, dicho decreto modifica esa ley, alterando su espíritu, lo que lo transforma en inconstitucional (art. 99, inc. 2, CN).

En efecto, un decreto reglamentario no puede establecer excepciones no contempladas en la ley para limitar la información de datos públicos. Mucho menos puede hacerlo cuando la propia Ley 27.275 expresamente dispone en su artículo primero la presunción de publicidad: “toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley”.

La publicidad de los actos de gobierno es un principio esencial de la República.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reitera su preocupación por los avances sobre las libertades y garantías constitucionales recién denunciados, y una vez más, hace votos para que cesen dichas ofensas lesivas de derechos fundamentales, que sólo alimentan la intolerancia, la violencia y la estigmatización de quienes piensan diferente.

El Directorio

 

 

https://www.colabogados.org.ar/posicion/declaracion.php?id=353

 2 de diciembre de 2024

LA ESTRATEGIA DE NO DAR QUORUM

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires observa con preocupación extrema los recientes acontecimientos acaecidos en la Cámara de Diputados de la Nación con motivo de la ausencia de quorum para tratar los proyectos conocidos como de “Reiterancia”, ”Juicio en ausencia” y “Ficha Limpia”.

Las incomparecencias basadas en meras excusas o en la expresión de argumentos infantiles insostenibles, o el espectáculo ofrecido por diputados y diputadas que entraban y salían del recinto, que se escondían detrás de cortinados o amagaban sentarse para luego ponerse de pie y así evitar llegar al número requerido para formar quorum, proporcionaron un marco bochornoso y ofensivo para el pueblo que esos legisladores representan. Dichas actitudes merecen el más firme repudio moral de quienes así se comportaron.

La trascendencia de los proyectos a tratar hacía inexcusable la presencia de los legisladores y las legisladoras. Pues esas propuestas legislativas se ocupan de tres temas de indiscutible actualidad y suma gravedad, verdaderos flagelos que azotan a nuestra sociedad desde hace décadas. La reiterancia y el juicio en ausencia se relacionan con la seguridad de los ciudadanos y con el castigo eficaz del delito. En efecto, el proyecto de ley de reiterancia está encaminado a dar fin a la llamada ¨puerta giratoria”; el proyecto de “juicio en ausencia” se vincula, por ejemplo, con la posibilidad de seguir adelante con el juicio que permita juzgar a los prófugos sindicados como responsables del atentado de la sede de la AMIA, hecho ocurrido hace ya más de treinta años y que aún no se ha esclarecido definitivamente.

Por su lado, la Ficha Limpia es una iniciativa que hace años que la sociedad civil busca imponer para excluir de los cargos electivos nacionales a todos aquellos que hubieran sido condenados por delitos de corrupción. Exigir de los candidatos a puestos electivos nacionales un mínimo ético jamás debería haber producido la deserción que aquí censuramos. Mucho menos que la adhesión a ese proyecto dependa de la fuerza política a la que se pertenece o de intereses subalternos en pugna con lo que se declara públicamente. Porque de acuerdo al proyecto, los y las involucradas no serán excluidos por su pertenencia a un partido político sino que lo serán por la comprobación judicial de haber incurrido en conductas perpetradas en perjuicio de la administración pública nacional.

El comportamiento reticente e injustificado de las legisladoras y los legisladores que no bajaron al recinto ha contribuido a alimentar la desconfianza que una parte del pueblo expresa hacia la política y el sistema representativo. Al mismo tiempo han obstaculizado la posibilidad de excluir de los cargos electivos a personajes que merezcan o hayan merecido condena judicial en delitos vinculados con hechos de corrupción, conductas que al margen de su sanción judicial son reprobadas mayoritariamente por la sociedad.

Por último debe destacarse la actitud responsable y patriótica de aquellas diputadas y diputados que desde sus bancas reclamaron infructuosamente la presencia de los restantes.

En conclusión el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudia el comportamiento deshonroso de los legisladores que sin justificación verdadera se ausentaron del recito impidiendo la formación del quorum y reclama que estos proyectos sea incluidos para ser tratados en extraordinarias.

EL DIRECTORIO

 

 

https://www.colabogados.org.ar/posicion/declaracion.php?id=354

 

16 de diciembre de 2024

ACERCA DEL COMPORTAMIENTO DEL FISCAL FEDERAL RAMIRO GONZÁLEZ

En los días pasados el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y gran parte de la ciudadanía han podido observar atónitas las imágenes de una fastuosa celebración de cumpleaños, organizada para conmemorar, según se afirmó, los sesenta años del fiscal federal Ramiro González. Hasta la fecha, la autenticidad de esa filmación no ha sido desconocida por el mencionado magistrado.

En esos fragmentos se observa la presencia del fiscal federal en el escenario, contorneándose y saltando animadamente, compartiendo el festejo con sus invitados; se dejan ver también bailarinas, abundante cotillón festivo y fuegos de artificio que iluminan el frente del escenario. Para completar la costosa exuberancia de este festejo, las imágenes dan cuenta de la participación profesional del cantante internacional Cristián Castro.

La prensa también ha dado cuenta de que en la fiesta habrían estado presentes otros magistrados del fuero, funcionarios públicos, empresarios y gente del mundo del espectáculo, entre otros.

Recuerda Jorge A. Diégues en la p. 117 de su tesis doctoral un diálogo entre el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Nacional, Antonio Bermejo y uno de los jueces del Tribunal. El primero invitó al segundo a tomar el té a solas, porque sabía que el juez concurría frecuentemente a la ópera, al palco del Teatro Colón de una acaudalada familia. Reconocido el hecho por el Juez, Bermejo le dijo:

“Le aconsejo que altere esa costumbre porque el que lo vea en esa asidua concurrencia con una familia, que es además muy poderosa y está o puede estar envuelta en pleitos que pueden llegar eventualmente a este tribunal, hace que Usted sufra –a lo mejor inmerecidamente- un menoscabo, a través de la sospecha respecto de su imparcialidad.”

Es evidente que la impecable noción de decoro y circunspección que debía observar un magistrado según el Dr. Bermejo, está muy lejos de la que quizá tenga el fiscal González.

Pero, para asombro de este Colegio, hasta el presente ni el Procurador General (interino) de la Nación -superior jerárquico de Ramiro González- ni la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, han emitido alguna comunicación pública relacionada con esos hechos.

Para peor, hoy la prensa informa que la fiscal Paloma Ochoa acaba de solicitar la desestimación de una denuncia por enriquecimiento ilícito formulada por un abogado contra el fiscal González. Sintéticamente, la fiscal consideró –sin disponer medida alguna encaminada a la averiguación de la verdad- que la denuncia se basaría en meras especulaciones genéricas y solicitó su desestimación.

¿No advierten los integrantes de esas instituciones que su injustificable silencio corporativo o su indiferencia aquiescente alimenta desconfianzas y el descrédito de la función y de los organismos que integran?

¿Es que a esas instituciones les resulta indiferente semejante bacanal organizada por un fiscal federal?

¿No les resulta asombroso y merecedor de indagación que un fiscal pueda costear semejante festejo?

¿Qué noción de decoro y de circunspección creen esas instituciones que deben observar los funcionarios y magistrados?

El COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES repudia esa exhibición insolente de opulencia y frivolidad indecorosa proveniente de un integrante del Ministerio Público, y, adicionalmente, reclama de las autoridades que tomen cartas en el asunto y agoten todas las indagaciones administrativas y judiciales que el caso exige.

El Directorio