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 Posición Institucional

17/05/2017 - 17 de mayo de 2017

GRAVES AMENAZAS A LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES

A raíz de lo decidido por la Corte Suprema en el caso “Luis Muiña” del 3 de mayo de 2017, los jueces del Tribunal que votaron en la mayoría del fallo, no solo han sido denunciados por la presunta comisión del delito de prevaricato, receptada por un fiscal que inmediatamente solicitó la investigación del presunto delito, sino que se han formulado, además, varios pedidos de juicio político en contra de esos magistrados.

El fundamento de estas denuncias, como bien es sabido, es haber hecho valer el principio de la ley penal más benigna en el cómputo de la pena de los condenados por delitos de lesa humanidad, aplicando el artículo 7º de la Ley 24.390, según el cual, luego de transcurridos los dos primeros años de prisión preventiva, deben computarse dos días de prisión por cada día de aquella.

Frente a estas reacciones que el fallo ha producido, este Colegio no puede permanecer en silencio, pues uno de sus compromisos esenciales en la defensa de la abogacía es la preservación del Estado de Derecho y, en particular, de la independencia de los jueces, como uno de sus elementos esenciales.

Sin entrar a analizar en detalle el contenido de la sentencia, pues no es el objeto específico de esta Declaración, lo que no puede tolerarse bajo ningún supuesto en un régimen sanamente republicano, es que se intente modificar o socavar la voluntad de los magistrados judiciales, comprometiendo su independencia, por medio de denuncias penales o pedidos de juicio político originados en el contenido de sus sentencias, más aún si se trata de un caso, como éste, en el cual las opiniones distan mucho de ser concordantes y el Tribunal se ha limitado a fallar conforme el derecho aplicable en ese momento.

No olvidemos que la persecución de los jueces fundada en el contenido de sus decisiones, es una de las metodologías más típicas a las que acuden los regímenes totalitarios con el fin de doblegar a aquellos que son reacios a someterse a los mandatos de la autoridad política. Y cuando no se logra tal propósito, los jueces son sencillamente sustituidos por otros más obedientes, que consultarán al detentador del poder antes de decidir. La historia está plagada de ejemplos en los cuales la acusación penal y el juicio político se han mostrado sumamente eficaces en la consecución de ese fin.

Sin lugar a dudas, uno de los compromisos más exigentes a los cuales nos sometemos cuando elegimos vivir en una sociedad genuinamente democrática, es que el debido proceso es una garantía que se extiende a todos por igual, aun a quienes hayan cometido los crímenes más aberrantes. Si no se respeta este compromiso, la justicia se convierte en venganza.

Y el presupuesto más elemental del debido proceso, es que los jueces no fallen bajo el temor o la amenaza de que serán perseguidos por haber aplicado el derecho vigente, pues si fallan con este temor se asemejarán a una “comisión especial”.

El Directorio

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