Reflexiones

Nota del Director


REFLEXIONES

Una de las causas principales del fracaso de la Argentina como sociedad y su progresiva y creciente decadencia desde hace 80 años, es la absoluta falta de consenso sobre cuestiones fundamentales. Esta situación ha ayudado a crear y fomentar la denominada “grieta” que divide al país, y que difícilmente se supere si no se logran consensos sobre cuestiones básicas como algunas de las que describimos a continuación.

Político-Institucionales

No existe consenso sobre el alcance y funcionamiento de la división de poderes que establece la Constitución Nacional. El ejemplo más patente es el Poder Judicial, respecto del cual no existe un acuerdo político para tener una justicia profesional e independiente no sujeta a influencias de los gobiernos de turno.

Si bien algunas administraciones han sido más respetuosas que otras de la independencia de los jueces en general y del funcionamiento de la Corte Suprema, en mayor o menor grado, todos los gobiernos intentan moldear la justicia acorde a sus intereses coyunturales. Esto es manifiesto en el caso de la justicia federal penal y, en menor medida, el fuero contencioso administrativo.

En los últimos años, la situación ha derivado en situaciones alarmantes durante las administraciones de Néstor Kirchner, y más acentuadamente con la de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández mediante los intentos de “colonizar“ el Poder Judicial vía “Justicia Legítima”, y los fallidos intentos de “democratizar” la justicia vía leyes tendientes a alterar la composición del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y otras maniobras para modificar la composición de los tribunales que juzgan a la actual Vicepresidente. La finalidad es siempre la misma, asegurarse la designación jueces o la posibilidad de influir sobre los mismos, sea para asegurar la impunidad de funcionarios en ejercicio o ex -funcionarios, o perseguir judicialmente a la oposición. La lista de ejemplos es numerosa.

La Argentina no logrará retomar una agenda de buen funcionamiento institucional hasta tanto los partidos políticos principales renuncien a sus inclinaciones de influir sobre los jueces, y acepten consensuar mecanismos transparentes para elegir magistrados preparados, profesionales y sin adscripciones o “deudas” políticas.

Otra cuestión fundamental inexplicable es el voto electrónico. No existe en la actualidad ninguna razón, excepto la intencionalidad de influir en los resultados electorales vía fraude o maniobras como el “voto en cadena”, que justifique el mantenimiento de la boleta de papel, que para colmo incrementa los costos y la fiscalización y escrutinio. Asociado a esta problemática sigue sin resolverse la eliminación de las “listas sábana”.

Tampoco existe consenso de “limpiar” la política y dejar de cobijar la corrupción. Es inexplicable el rechazo de los proyectos de ley para facilitar el juicio político de los legisladores con causas penales y la falta de consenso para aprobar la denominada ley de “Ficha Limpia”. La evidencia sugiere que los partidos políticos no temen pagar un costo político por resistirse a permitir que sus propios miembros sean excluidos del Congreso y/o puestos a disposición de la justicia. Hasta tanto esa percepción no cambie, es improbable que se logre poner límites a la impunidad. Y hasta que ello no ocurra, difícilmente mejore el nivel de honestidad y responsabilidad de los legisladores, sin lo cual, previsiblemente tampoco mejore la calidad institucional que permita al país progresar y salir del marasmo actual.


Economía

Es notorio que no existe un consenso básico acerca de si la inflación es nociva o no, y la esencialidad de tener una moneda fuerte y estable que permita sentar las bases para que exista previsibilidad, ahorro, crédito y crecimiento sostenido.

Esta falta de consenso se refleja en los altos índices de inflación endémica que con escasas excepciones viene perpetuándose desde hace décadas.

Vinculado a ello, encontramos falta de acuerdos básicos acerca de mantener un nivel de gasto público sustentable para cuya financiación no deba recurrirse a la emisión monetaria o al endeudamiento imprudente. Más allá de la reiterativa retórica política, no se vislumbran avances en este sentido, ya que, en mayor o menor medida, la variable de ajuste es casi siempre el aumento a la carga impositiva al sector privado o la disminución del déficit fiscal corriente vía la licuación de sueldos, jubilaciones y planes sociales mediante la inflación. No se trata de desconocer la diversidad de opiniones acerca de prioridades o asignación del gasto público en forma eficiente. Me refiero a la práctica irresponsable a la que los políticos vienen sometiendo a la ciudadanía y al sector privado con los resultados que están a la vista: estancamiento económico, deterioro de los niveles de ingresos, crecimiento de la pobreza a niveles intolerables e inéditos en la Argentina, lo que últimamente ha derivado en la emigración creciente de amplios sectores calificados en busca de oportunidades que le niega su propio país.

También vinculado a ello, no hay consenso acerca de la importancia de tener un Banco Central independiente del poder político, cuya misión fundamental sea asegurar el valor y estabilidad de nuestra moneda, y no continuar siendo un agente del Poder Ejecutivo cuya prioridad sea encontrar maneras de financiar un gasto público que ha crecido exponencialmente como porcentaje del PBI en los últimos veinte años.

Sumado y vinculado a lo anterior, tampoco existe consenso sobre la necesidad de que las tarifas de los servicios públicos reflejen los costos reales de los consumos. Una cosa es el mantenimiento de subsidios direccionados a sectores sociales realmente necesitados de protección, y otra, la recurrencia a subsidios generalizados que benefician a amplios segmentos no necesitados de ayuda, para mantener las tarifas bajas con fines generalmente electorales y maquillar los índices de inflación. Todo ello, a costa de un gasto público incontrolado para mantener subsidios al consumo de energía y el transporte que han alcanzado niveles inmanejables, que agrega combustible a la inflación y desalienta inversiones en infraestructura.

Hasta tanto no se alcancen consensos sobre estas cuestiones elementales, tampoco habrá estabilidad cambiaria e incentivos para las inversiones nacionales y extranjeras que son continuamente desalentadas a través de una presión fiscal insoportable, controles de precios probadamente ineficaces, regulaciones irrazonables, incluyendo “cepos” de toda clase, retenciones a las exportaciones, y un desaliento permanente a éstas no obstante que la Argentina padece crónicamente de escasez de divisas. Y, consiguientemente, no mejorarán en forma sostenida los niveles y calidad de empleo ni los ingresos reales de la población.


Política social

No existe consenso acerca de la necesidad de independizar la ayuda social del clientelismo político. Hasta tanto ello no ocurra, continuaremos con sistemas en los que no solo la elección de los beneficiarios de los planes sociales y su mantenimiento continúe a cargo de punteros políticos y los mal llamados movimientos sociales que reciben y canalizan asistencialismo como un precio de apoyo político al gobierno de turno, cuando no para evitar amenazas de conflictos, piquetes y violencia. De no cambiar, también se continuará con un sistema prebendario que desalienta el trabajo en lugar de incentivarlo o formar en oficios a quienes estén desocupados. No hay justificativo que la Argentina no haya instrumentado un sistema de seguro de desempleo temporario manejado con criterios no políticos y con pautas de asignación y duración como los que existen en otros países.

Seguridad

Increíblemente no se ha logrado consenso acerca de que el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho no significa carta blanca para los actos criminales.
Se ha creado una falsa antinomia entre la obligación de las fuerzas de seguridad de actuar dentro de la ley, con la no aceptación de la violencia y la violación de los derechos de los demás. Asistimos a diario a una tolerancia cuando no complicidad de funcionarios del Estado con las ocupaciones, usurpaciones, cortes de rutas y calles. Más grave aún, es la discriminación entre las víctimas, pues mientras que las víctimas del abuso policial son justamente defendidas, aquellas de la violencia criminal son ignoradas, y sus victimarios muchas veces justificados, llegándose al absurdo de culpar a la sociedad por sus actos.

Será imposible garantizar seguridad a los ciudadanos y una convivencia civilizada si no se obtienen consensos básicos en esta área de alto impacto en la calidad de vida de todos.

Política Exterior

Con la salvedad de la recuperación de las Malvinas no existen políticas de estado de ninguna especie, y aún en este tema, tampoco existen consensos sobre las maneras de cómo conseguir ese objetivo.

La otra temática sobre la que aparece haber un acuerdo incipiente es en relación al Cambio Climático y el Acuerdo de París, aunque es pobre el avance en el terreno de las políticas de implementación.

Sin embargo, no existe consenso en la cuestión más relevante de política exterior que es la relativa a la ubicación de la Argentina en el concierto de las naciones. No obstante formar parte del G20, nuestro país se encuentra errático en las posiciones sobre los temas de mayor trascendencia. En particular, la actual administración insiste con mantener posiciones de apoyo a países con regímenes dictatoriales y graves acusaciones por violaciones de derechos humanos como es el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Si bien, con motivo de las últimas elecciones en Nicaragua la Argentina finalmente adhirió al voto de condena de la OEA, se trató de una posición tibia, no fundada en convicciones, sino posiblemente motivada en no perder el apoyo de los EE.UU. en la negociación con el FMI.

Conclusión

La enumeración precedente es ilustrativa del número y la envergadura de las cuestiones básicas sobre las que no existen aún consensos básicos. El desafío de la clase política en los próximos años es construir acuerdos al menos de principios en dichas cuestiones, a fin de no solo sentar las bases para un crecimiento sostenido, sino para que el debate político a futuro se concentre en mejorar la calidad institucional y las herramientas de consecución de objetivos comunes, en lugar del actual desgaste de energía en discutir materias que las naciones exitosas ya tienen definidas.

El Director