Reflexiones

Nota del Director


La Argentina se está deslizando gradualmente, pero sin pausa, hacia un régimen autocrático. Las evidencias son múltiples e imposibles de ignorar pues se presentan en una enorme variedad de situaciones que demuestran la degradación institucional, política, económica y estructura social.

Lo acontecido en los últimos meses ha exacerbado esta tendencia, y más allá de los impactos negativos en cada uno de esos frentes, sobresale el desprecio por el estado de derecho; el denominado rule of law. A ello se suma la creciente irracionalidad en la toma de decisiones, impulsada por la improvisación constante y la desesperación creciente de los inevitables malos resultados. Decía Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

El frente sanitario está signado por un desmanejo asombroso de la pandemia en el que se mezcla una pésima gestión del gobierno nacional, agravada por hechos de corrupción y prejuicios políticos e ideológicos.

El gobierno nacional comenzó por someter al país en una etapa inicial a una de las cuarentenas más estrictas y largas del mundo. Ello no solo fracasó en impedir la propagación del virus, sino que hundió la economía en una de las recesiones más profundas de la región y del   mundo medidas por caída en el PBI, con consecuencias devastadoras en términos de cierres de comercios e industrias y pobreza. Según las últimas encuestas, aproximadamente el 70% de los menores en el conurbano bonaerense se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Según un reciente estudio de la OCDE, la economía en Argentina solo recuperaría sus niveles previos a la pandemia en el 2026. Esto coloca a la Argentina muy detrás, comparado con China que ya lo ha recuperado, o Estados Unidos, Corea y Japón que se espera lo recuperarán durante el año en curso, Alemania que lo hará en 2021, y países como Brasil, Italia, Canadá y Australia que lo lograrán en el 2022.

La Argentina exhibe uno de los resultados más ineficaces en la región en materia de vacunación: a fines de mayo pasado cuando se reimplantaron las restricciones a la circulación, en nuestro país solo el 18% de la población estaba vacunado con la primera dosis y un 5 % con la segunda. Uruguay y Chile exhiben cifras que triplican y cuadruplican, respectivamente, los números argentinos. Esto es particularmente incomprensible cuando está probado que la vacunación es la única herramienta eficaz para neutralizar el virus y restaurar la normalidad. Los ejemplos de los EE.UU. y Europa occidental confirman lo que los científicos y el sentido común anticiparon desde los comienzos de la pandemia. Sin embargo, el gobierno nacional, malogró las gestiones con Pfizer, el fabricante de la vacuna de mayor prestigio y que viene mostrando uno de los mejores resultados. La conducta del gobierno es inexplicable, y ningún funcionario ha expresado razones plausibles por las que se privaron al país de esa vacuna. Tampoco se explica cómo luego de haber pagado más del 50% de otras vacunas se ha recibido menos de un 25%, y existe un stock de al menos cuatro millones de vacunas que permanecen sin aplicar. En este contexto, la Argentina es el noveno país con más muertes en el mundo, medido en valores absoluto y no como porcentual de la población, lo que exhibe con crudeza la tragedia derivada de la falta de previsión y negligencia.

Este panorama, se agrava por el denominado “vacunatorio VIP” mediante el cual funcionarios y “amigos del poder” accedieron a las pocas vacunas disponibles sin esperar su turno por edad como el resto de la población. La ausencia de disculpas y autocrítica, y peor aún, la jactancia de algunos funcionarios de haber falseado declaraciones juradas para acceder a una vacunación fuera de orden abusando de su posición, tornan más injustificables estos desmanejos, que en mayo pasado condujeron a nuevas medidas de cierre casi total, con renovados efectos adversos en la economía.

Sobre el cierre de esta edición, la Presidencia de la Nación anunció el dictado de un Decreto Nacional de Urgencia para superar los escollos legales que el propio oficialismo había introducido en la ley que regula la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Si bien el DNU proyectado no mencionaría por nombre ninguna vacuna en particular, el objetivo es permitir la importación al país de la vacuna Pfizer y otras marcas estadounidenses para inmunizar a la población aun no vacunada o con una sola dosis. La pregunta inevitable es por qué se esperó a tener casi cien mil muertos por COVID-19 para superar los prejuicios que habían impedido a los habitantes de la Argentina acceder a estas vacunas que de haber sido adquiridas meses antes hubieran evitado miles de muertes.

No se trata de optar entre la salud y la economía, sino que la conducción de la pandemia ha llevado a la sociedad a un callejón sin salida. En efecto, al momento de reimplantarse el cierre a fines de mayo de este año, la Argentina se encontraba entre los cinco países con mayor cantidad de contagios por millón de habitantes en la semana anterior. Una reciente encuesta de Bloomberg coloca a la Argentina en el último puesto del ranking de países para pasar la pandemia como consecuencia de la mala situación epidemiológica, bajo ritmo de vacunación, tasa de muertes y nivel de restricciones

En el frente institucional, la situación es igualmente alarmante. Los proyectos de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal y de los denominados “superpoderes” para manejar la pandemia, en caso de prosperar, conducirán al país a un panorama sombrío en materia de libertades públicas, ausencia de límites a la discrecionalidad estatal y en el control a la corrupción e imposición de limitaciones inconstitucionales a las autonomías provinciales.

El proyecto de ley de modificación del Ministerio Público Fiscal prescinde del hecho de que la Constitución Nacional en su artículo 120 establece que “es un órgano independiente con autonomía funcional y financiera”. La reforma proyectada acerca de la forma de designación y remoción del Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales federales, debilita su independencia. Al reducir el requisito de los dos tercios de los votos del Senado para su elección a la mayoría de los votos presentes, permite su nombramiento y dependencia de una sola fuerza política. Esto se ve agravado, por el hecho que el proyecto de ley relaja las condiciones para su remoción, limitando así nuevamente su independencia, pues si el Procurador General no dictamina o controla la conducta de los fiscales según la voluntad de las mayorías políticas y de los gobiernos de turno, podrá ser removido. La eliminación de la estabilidad del cargo, sumada a su designación por períodos breves de cinco años, también afecta la independencia del Procurador General al no desvincularlo de los plazos de alternancia política.

De aprobarse estas modificaciones, ello tendrá un impacto inmediato en el avance de las causas penales en materia de corrupción ya que el nuevo Procurador General que responderá al oficialismo de turno, podrá instruir a los fiscales para que adecúen su actuación a los mandatos de la política. Ello facilitará la continuidad de la corrupción hiriendo de gravedad lo que queda de nuestra democracia, y perjudicando la seguridad jurídica y las inversiones necesarias para sacar al país de su actual postración.

Dentro de este panorama desalentador, el fallo de la Corte Suprema declarando inconstitucional el DNU que restringía la presencialidad de las clases escolares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por violar la autonomía de la Ciudad y no tener justificación en la invocación de poderes de emergencia, constituye una nota de esperanza respecto al funcionamiento de la justicia como poder independiente y garante de la Constitución Nacional limitando los excesos del poder político. Desafortunadamente, la reacción del Poder Ejecutivo y de funcionarios y legisladores del oficialismo denostando la Corte Suprema constituye otra señal de alarma.

En esta línea se inscribe el intento del gobierno nacional de eludir el mencionado fallo de la Corte Suprema a través de un proyecto de ley, que, de aprobarse, significaría delegar en el Poder Ejecutivo la suma del poder público con el pretexto de la pandemia.

Igualmente disfuncional se presenta la gestión del gobierno nacional por la falta de un plan coherente y las diferencias internas. Evidencia de ello fueron los mensajes políticos internos durante el viaje del Ministro de Economía a Europa y su subsiguiente viaje a España e Italia acompañando al Presidente de la Nación. Mientras éstos intentaban convencer a sus interlocutores de la racionalidad de las políticas gubernamentales en el contexto de la negociación con el FMI y el Club de París, el Senado emitía declaraciones erosionando la autoridad del ministro, a la par que se le impedía reemplazar al Subsecretario de Energía que se opone a los planes del ministro de no incrementar los subsidios a la energía.

En materia económica, a una de las mayores tasas de inflación del mundo, la alta interferencia estatal, los controles de precios, la insoportable presión fiscal, el cepo cambiario y las compulsivas reestructuraciones de deuda impuestas al sector privado, se sumó una nueva medida incomprensible: el cierre de las exportaciones de carne. Si bien el cierre total se levantó a los treinta días, ello fue reemplazado con la fijación de un cupo de exportaciones equivalente a la mitad del volumen mensual promedio del año 2020, más la prohibición para exportar una variedad de cortes.

La decisión reviste una enorme gravedad, en particular, en el caso de la Argentina, no solo por ser un importante exportador cuya credibilidad se verá nuevamente erosionada, sino también porque el país necesita más que nunca divisas de las exportaciones para afrontar sus deudas. La irracionalidad de la decisión se acentúa ante el hecho de que se reincide en la misma medida que se tomó en el año 2006, que condujo a que en solo tres años la Argentina redujera su stock ganadero en diez millones de cabezas y que solo logró recuperar en el 2018. En ese lapso cerraron ciento treinta y cinco frigoríficos, abandonaron la actividad veintisiete mil productores y perdieron el empleo dieciocho mil trabajadores. Poco parece importar la manifiesta ausencia de relación de causa y efecto con las motivaciones que se invocaron como pretexto para tomar esta decisión (el aumento del precio de la carne). Los cortes de exportación no son los que se consumen internamente; y además los aumentos de precios de los alimentos son generalizados por la inflación galopante. El efecto, como era de esperar fue contraproducente, y los precios de la carne siguieron incrementándose.

La falta de racionalidad que predomina en la actualidad es propia de un régimen autocrático, que se combina con la ignorancia, como cuando el Presidente de la Nación afirma que el stock ganadero es de solo tres millones de cabezas cuando en realidad es de cincuenta y cuatro millones.

La democracia argentina funciona mal hace años, pero esta situación ha empeorado notoriamente en los últimos tiempos. Nuestro país viene sufriendo una crisis político-institucional muy seria desde hace décadas, pero esta tendencia también se ha exacerbado peligrosamente a punto de poner en riesgo nuestra supervivencia como una sociedad libre.

La Argentina se ha convertido en un fenómeno de destrucción de riqueza inédito, lo que resulta aún más inexplicable en el caso de un país bendecido por recursos naturales y un vasto territorio. No solo están emigrando miles de jóvenes profesionales, sino también empresarios exitosos para no ser perseguidos por la omnipresencia y discrecionalidad estatal y una agobiante presión fiscal, quienes en un contexto normal estarían invirtiendo en el país y generando empleo. Forzados por estas realidades acuciantes, ahora llevan los beneficios de su juventud, creatividad, ingenio y espíritu empresario a otros países donde el sistema funciona con mayor respecto, civilidad y racionalidad.

La denominada “brecha”, sumada a las ansias de dominio político de una facción se están constituyendo en vallas infranqueables para un crecimiento sostenible en una sociedad libre.

La Argentina no solo no crece sostenidamente desde hace décadas (en los últimos cuarenta años creció apenas a un promedio de aproximadamente un 1,5 % anual), sino que las situaciones descriptas están destruyendo el tejido social con niveles intolerables de pobreza, no solo por la aflicción que produce a quienes la padecen, sino porque condicionan negativamente las generaciones venideras. Es que un sector cada vez mayoritario de la población está creciendo sin alimentación y educación adecuada, y sin oportunidades de inserción en la economía, exacerbado por una política de asistencialismo mal concebido y peor implementado.

Este contexto enciende una alarma difícil de ignorar respecto del futuro que nos espera y las posibilidades de mantener un sistema democrático y una sociedad libre ante tremendos acechos.

El Director